Gustavo Bordet anunció una reforma judicial ante la Asamblea Legislativa. Cuando lo hizo provocó el momento más aplaudido del recinto de la Cámara de Diputados. Fue luego de la jura con presencia de Alberto Fernández, el presidente que pretende instaurar un “nunca más” en ciertos comportamientos del Poder Judicial.

El Gobernador tuvo un discurso concreto contra el poder que funciona al otro lado de la Plaza Mansilla. Fue una puesta en escena. En principio porque hubo consignas que no están previstas o son invalidadas por la Constitución reformada en 2008, donde el funcionamiento del Poder Judicial básicamente no se tocó. Lo más importante al respecto fue el rango constitucional que se le otorgó al Consejo de la Magistratura.

Bordet habló de un límite en la edad de los funcionarios judiciales, pero cuando se quiso fijar en el texto magno la iniciativa se rechazó. Otro punto que marcó el mandatario, pero que es imposible de llevar adelante sin una nueva reforma, es la exigencia que un integrante del Poder Judicial tenga que revalidar su cargo a través de un concurso como ocurre en el ámbito docente.

La emergencia económica aprobada por el gobierno nacional, que lleva en su título la consigna de solidaridad, abrió otro capítulo: qué hacer con los privilegios en el seno de la vida institucional.

Desde la política se empezaron a dar algunos mensajes a una sociedad que no repara en otra cosa que en los montos de los salarios de quienes se desempeñan en cualquiera de los poderes. ¿Ahora, cómo funcionan esos poderes? Esa cuestión parece ser menor en la evaluación social.

Si la discusión y la agenda es la solidaridad y los privilegios, como parece ser, en Entre Ríos el Poder Judicial sólo tiene un privilegio: la ley de enganche, lo que le permitió actualizar los salarios de sus integrantes con la simple decisión y autorización de una manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país pide y el tema se acabó. No se conoce negativa por parte del Ejecutivo. Esa fórmula se enmarca en una supuesta garantía de independencia del Poder Judicial. Sí, en la independencia del Poder Judicial. Ese mismo argumenta, el de la independencia, justificaba la excepción del impuesto a las ganancias. Todo se convierte en una pantomima cuando fiscales dicen que con tal o cual gobierno no pueden investigar. ¿Y la independencia?

La ley de enganche (10.068) fue aprobada en diciembre del 2011 al finalizar la primera gestión de Sergio Urribarri. El objetivo fue equiparar los salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales. La norma fijó una asignación de carácter remunerativo a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por funciones de representación y gobierno del Poder Judicial; y a los titulares de los Ministerios Públicos en concepto de representación y gobierno de sus respectivos ministerios, consistente en un 15% aplicable sobre los siguientes conceptos: asignación de la categoría, intangibilidad y antigüedad de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos cargos.

El texto determinó que la bonificación por antigüedad prevista que liquida aplicando las siguientes alícuotas por cada año de servicios computables, sean servicios prestados dentro o fuera del Poder Judicial, desde la fecha de matriculación en el Colegio de
Abogados respectivos: de 1 a 9 años: el 2,5%; de 10 a 19 años, el 3%; y de 20 años en adelante, el 3,5%.

El Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes, supo tener otras ventajas. Por ejemplo que no se les descontara el aporte al Iosper, como a cualquier agente de la administración pública. Lo había resuelto por acordada, como la Corte el incremento de salarios. En la actualidad todos aportan a la obra social estatal. Durante años buena parte de los integrantes del STJ no lo hacían.

Si durante años el Poder Judicial negoció con el Ejecutivo una actualización salarial en el marco de las posibilidades económicas de la provincia, no será momento de volver a replantearse esa posibilidad. Quizás sería un homenaje el federalismo tributario. Porque en definitiva, lo que se está discutiendo es plata, no el funcionamiento de las instituciones.