Sergio Urribarri se presentó este viernes ante los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano por la causa del parador turístico instalado en Mar del Plata en el mes de enero de 2015. Su explicación fue por escrito. A la Fiscalía llegó con su abogado, Raúl Barrandeguy.
El presidente de la Cámara de Diputados negó que dicho parador se haya montado con fines electoralistas y sostuvo que la contratación fue legal. Explicó que el mismo se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 4804/14. Por otro lado, según reconstruyó Página Judicial – dijo que la selección del contratista fue llevada adelante por la Unidad Central de Contrataciones. El ex gobernador se jactó de que la contratación fue “absolutamente regular y transparente”, e incluso, “no mereció objeción alguna de los órganos de control”.
Urribarri narró que estuvo en las instalaciones el día de su inauguración un par de horas y no volvió a visitar el parador. Y se encargó de decir que allí no se realizó ninguna reunión política, más que eventos musicales y actividades de recreación.
Como en otras causas de corrupción que tramitan en la Justicia y que tienen imputados a ex funcionarios, el ex mandatario volvió a insistir con el argumento que la Contaduría General de la Provincia, organismo que se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público; como el Tribunal de Cuentas, que también ejerce el control de forma posterior; detectaron ninguna irregularidad. Urribarri también mencionó como organismo que no detectó nada raro a la Fiscalía de Estado.
En el escrito, el ex mandatario refutó “las acusaciones planteadas partiendo de la premisa de que no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria”, en tanto ésta “no es dinero, ni es una caja que contenga dinero”, sino que se trata de “una autorización para gastar” fondos públicos. Es decir que un funcionario sólo se ocupa de ordenar un pago, aguardando que los recursos estén disponibles, que la Contaduría General de la Provincia lo apruebe si corresponde, y finalmente, que la Tesorería libre el cheque bancario respectivo”.
Por último, luego de brindar sus argumentos, Urribarri destacó el carácter “no judiciable” de la revisión de los actos de gobierno y del ejercicio de las facultades propias del Poder Ejecutivo.
El parador investigado se inauguró el 3 de enero de 2015. Costó a la provincia $14.561.870,00. Ese dinero fue cobrado por la firma “El juego en que andamos”, en la que es socio gerente Gerardo Caruso, también ex director de Contenidos de Fútbol para Todos. La empresa que montó el parador ganó una licitación pública en diciembre de 2014, que en la justicia consideran que estuvo amañada y que fue ficticia, ya que se habría aparentado una compulsa con otra empresa, Castromil SRL. Ésta fue descartada porque no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado.
En esta causa se abstuvieron de declarar la contadora Corina Cargnel, Caruso y Juan Pablo Aguilera. El único que se sometió a las preguntas de los fiscales fue el ex ministro de Turismo Hugo Marsó.
