Sergio Urribarri se presentó, virtualmente, en la audiencia en la que la defensa solicitó el sobreseimiento en una causa en la que se lo imputa por negociaciones incompatibles en la contratación de una empresa dedicada a los registros catastrales cuyo director es el paraguayo Diego Cardona Herreros.

El ahora embajador argentino en Israel decidió dar él mismo los argumentos por los que luego sus abogados harían el pedido formal de sobreseimiento. La investigación del Ministerio Público Fiscal investiga al ex gobernador y al empresario en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho.

“Toda la documentación fue preparada por las líneas técnicas del Estado”, se defendió Urribarri y enseguida sostuvo: “Los actos administrativos se encuentran firmes y fueron remitidos. Todo el gasto fue erogado por todos los órganos de control: Contaduría General, Tribunal de Cuentas, y el Poder Legislativo”.

El ex mandatario repasó cada una de las resoluciones he hizo hincapié que en el legajo se introdujeron algunas que responden a períodos en los que él no era funcionario.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano iniciaron la investigación con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la provincia. Le imputan una relación de amistad que había hecho con el empresario Cardona Herreros y, a partir de all{i, es que le propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal.

Sin embargo, el punto de su defensa que decidió resaltar el embajador fue precisamente el que tiene que ver con la línea del tiempo del proceso investigado. Urribarri invocó dos decretos de su antecesor Jorge Busti en los cuales se le otorgó licencia en su cargo de ministro de Gobierno cuando se convirtió en candidato a gobernador . “Le pido señor juez que preste atención a las fechas. Me llama la atención que no hayan observado que en el período que me atribuyen los hechos no era funcionario público, no cumplía las funciones que se me atribuyen. Hay una falta de la condición de funcionario público, se equivocaron, es una situación determinante en este legajo”, subrayó.

Y agregó: “En esa fecha no estaba en la función que me endilgan. El ex gobernador Busti, por pedido expreso, me concedió una licencia desde septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Me aceptaron la renuncia presentada desde el 19 de marzo de 2007. Esto prueba de manera objetiva y los decretos convalidan lo que digo. El Ministerio Público Fiscal sostiene que en 2007 se desarrolló esta trama, cuando no era ministro de Gobierno. Además los actos fueron probados en dos oportunidades por los organismos de control constitucional. Por eso solicito mi sobreseimiento”, señaló.

Al pasar, sostuvo que “el sistema en cuestión (el de digitalización de expedientes) continúa con los haberes de todo el personal de la administración pública provincial”. Es decir el software.

Sus defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez cuestionaron la dilatación del proceso que ya lleva más de 4 años. “Afirmamos que el obrar de Urribarri aparece en el cumplimiento de su función o carga. Urribarri ejercía en forma legítima su autoridad y la única persona autorizada para ejecutar presupuesto era él. Era quien firmaba el gasto, es así”, subrayó Barrandeguy en cuanto a los decretos del ex gobernador que avalaron las contrataciones con Relevamientos Catastrales.

Con licencia, pero ministro

Los fiscales Yedro y Badano, a partir de documentación encontrada, en especial en el estudio del empresario Cardona Herreros, en Capital Federal -que fuera allanado el 2019- determinaron supuestas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que sirvieron para pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes, a través de seis hechos concretos.

“Se secuestraron computadoras donde encontramos correos electrónicos y archivos vinculados a esta investigación. Todo se puso a disposición de la defensa en su momento y después fue agregado como prueba a la causa. Todo fue notificado a las partes y no se registró ninguna oposición. La defensa retiró pericia en mayo de 2019. Posteriormente la defensa dijo que no podía identificar los correos y se pasaron todos los datos a los defensores”, describió Badano para dar cuenta que el proceso no había tenido dificultades, pese a la presentación que hizo la defensa quejándose que se le escondía información.

Para el fiscal, “hubo una mesa de negociación conformada por funcionarios de Gobierno y empresa. Cada uno tenía una tarea y eso se va dilucidando a través de la lectura de mails. Hay que analizar la prueba en su integralidad. Después hay otras discusiones que deberán darse en juicio, si la prueba alcanza, si los delitos están o no tipificados”, manifestó.

El representante del Ministerio Público le contestó a Urribarri, quien había alegado que no era funcionario al momento en que se dieron los actos administrativos para contratar la empresa de Carmona Herreros. “Estaba fijado un calendario electoral, por lo cual como ministro se le concedió licencia. Estamos ante hechos que son las calificaciones que se dieron. Vimos las negociaciones, las discusiones de dinero y demás”, señaló.

Y añadió: “Hay un informe que está realizando la contadora del MPF en relación a las entregas de dinero a los funcionarios políticos. Como se trata de una causa de corrupción, no vamos a encontrar testigos presenciales sino que los hechos son en base a documental y prueba indiciaria”.

Después leyó en detalle varios correos cruzados entre funcionarios públicos de la provincia con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros y Urribarri.

En la investigación penal que llevan adelante están implicados el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales, el contador de la empresa, Guillermo Linares y la abogada de la firma, Miriam Fessia.

El beneficio de la probation  fue solicitado por dos empleados de la firma Relevamientos Catastrales SA, pero sin suerte. El ex ministro de Economía, Diego Valiero, quedó afuera de la investigación.