Empezó la cuenta regresiva para el primer juicio que tendrá en el banquillo de los acusados al ex gobernador Sergio Urribarri y al ex ministro Pedro Báez, en este caso, por el direccionamiento de campañas publicitarias a favor de la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario.
Durante los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre, 4, 5, 6 y 11 de diciembre deberán comparecer setenta y tres testigos, de acuerdo con el cronograma dispuesto por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.
El tribunal integrado por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola juzgará a los diputados provinciales por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración. También serán enjuiciados Aguilera, su esposa Luciana Almada, su cuñado Alejandro Almada, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Giacopuzzi –señalados como testaferros del cuñado de Urribarri–, la contadora Corina Cargnel, el empresario Hugo Fernando Montañana y el ex funcionario Gustavo Tamay.
Durante todo este tiempo se especuló con que el presidente de la Cámara de Diputados se ampare en los fueros, sin embargo en un comunicado que sí se sentará en el banquillo.
“Somos los primeros interesados en que se concrete esa instancia para poder presentar todas las pruebas y argumentos que tenemos y que de forma arbitraria no fueron valorados anteriormente”, afirmó.
En este sentido, el ex gobernador señaló que si bien no ha sido citado, igualmente se presentará a la audiencia prevista para el 20 de noviembre. “Voy a seguir estando a disposición de la Justicia para rendir cuentas tal como lo he hecho siempre y vamos a demostrar que no existió ningún tipo de delito y que todo se hizo acorde a lo que marca la ley”, manifestó.
“Como le he dicho en varias oportunidades, durante mi gestión todos los actos de gobierno se hicieron cumpliendo con los mecanismos institucionales correspondientes y contaron con la aprobación y verificación de los organismos de control establecidos por la Constitución Provincial: la Secretaría Legal y Técnica, la Contaduría General, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas”, prosiguió.
Urribarri apuntó que “si los fundamentos de la acusación son endebles, si hubo legalidad en el gasto, si los actos que se cuestionan no son delitos y si no se tienen en cuenta los argumentos planteados en la indagatoria, es inevitable pensar que el trasfondo de todo esto es otro”, describió.
En esa línea expresó: “El único direccionamiento que va a quedar en evidencia es el direccionamiento político que tuvo esta investigación desde el principio, con la infaltable colaboración de un sector de la prensa”. Y cerró: “La judicialización de la política ha sido una clara expresión de la irracionalidad de algunos sectores que predominó durante los últimos años, pero que afortunadamente ha quedado expuesta y muestra ya síntomas de agotamiento”.
El juicio
El 13 de diciembre está previsto que se realicen los alegatos, a cargo de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano; y los abogados Raúl Barrandeguy, José Candelario Pérez, Marcos Rodríguez Allende, Ignacio Díaz, Guillermo Vartorelli, Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces, defensores de los ex funcionarios y empresarios.
Los fiscales sostienen que entre 2010 y 2015, Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos” y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombre de personas señaladas como testaferros de Aguilera, a través de contrataciones de publicidad por 24.204.918,69 pesos.
Para concretar la maniobra realizaban una simulación en la distribución de la publicidad y en eso también participaban las empresas Montañana Publicidad y J.M. Bustamante Publicidad, ésta última de Jesús José María Bustamante, que participaban pero habiendo acordado previamente que una vez percibido el cobro, debían reintegrar un porcentaje a Aguilera a través de un sistema de retornos, como lo reconoció Bustamante en el juicio abreviado en el que resultó condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional.
Sin embargo, durante la investigación se detectó un gran número de campañas publicitarias eran simuladas, pues los servicios contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, por ejemplo, para promocionar la figura de Urribarri. En algunos casos, las certificaciones se realizaban a través de fotomontajes, colocando en los carteles donde debía aparecer la publicidad fotos que eran elaboradas a través de photoshop o que no correspondían a la campaña contratada, con la pretensión de acreditar su cabal cumplimiento. Esta maniobra comprometió un monto de 12.170.338,96 pesos que corresponden a campañas donde se fraguaron las certificaciones, de acuerdo con la acusación.
Por esos hechos, los fiscales adelantaron que solicitarán que Urribarri, Báez y Aguilera sean condenados de ocho años de prisión.
