Sergio Urribarri y Juan José Bahillo presentaron un proyecto de ley para reglamentar el Tribunal de Cuentas, como lo manda la Constitución de 2008. Esa desidía legal le permitió al ex gobernador designar al frente del organismo de contralor a Guillermo Smaldone sin concurso previo. Ese nombramiento está judicializado hace más de un año. El Superior Tribunal de Justicia no ha resuelto, en todo este tiempo, una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el ex senador radical, Juan Carlos Arralde.

El texto prevé que el Poder Ejecutivo constituya el Jurado de Concurso, se incorporen los “vocales parlamentarios” por la mayoría y minoría de la Cámara de Diputados y se confirme la designación del actual presidente del organismo.

La reforma constitucional del año 2008 introdujo una sección especial dedicada a los “órganos autónomos de control”, en la cual los artículos 213, 214 y 217 refieren al Tribunal de Cuentas.

En este sentido, el proyecto de ley presentado reglamenta los nuevos parámetros constitucionales.

Según los autores, la iniciativa viene a satisfacer la demanda de legisladores de la oposición y el oficialismo al reglamentar el principal órgano de control externo de la administración pública “y ofrecer a la sociedad una propuesta superadora de la actual en lo que hace al fortalecimiento del Tribunal de Cuentas como órgano controlador del Estado”.

El texto no tendría buena repercusión en las filas de Cambiemos. En el bloque se trabaja en otro proyecto y por estos días iba a ser anunciado. Uno de los asesores de en la bancada es el mismísimo Arralde, quien no solo presentó la acción de inconstitucionalidad, sino que también presentó un pronto despacho para que el alto cuerpo se expidiera. La demanda del ex senador recibió un primer revés por parte del procurador general, Jorge García.

En el proyecto del oficialismo se incorpora a la minoría; se reglamenta el concurso para cubrir las vacantes y se confirma en su cargo a Smaldone, cuando dice con la ley se ratifica su designación efectuada por Urribarri con acuerdo del Senado mediante decreto 1112/2014.

El texto dispone que el presidente y los dos vocales permanentes sean elegidos por intermedio del Jurado de Concursos que a tal efecto se implemente, mientras que los dos vocales transitorios, representantes de los legisladores, deberán ineludiblemente tener título de abogado o contador.

Por la naturaleza esencialmente política de la representación que invisten estos últimos, se ha establecido que podrán ser removidos por la mayoría de la Cámara de Diputados, o por la minoría, según sea el sector político que representen. Teniendo en cuenta que el presidente del Tribunal debe ser abogado, se ha establecido que la subrogación legal le corresponde a un vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Para la designación de los fiscales se ha seguido el texto de la nueva Constitución, disponiendo que tenga que haber igual número de abogados y contadores, los que serán designados por el Poder Ejecutivo luego de un concurso que se realizará al efecto, exigiéndoseles los mismos requisitos que para ser vocal del organismo. La designación de sus secretarios letrado y contable será una atribución del Tribunal de Cuentas, pero luego de un concurso de antecedentes y oposición.

Control preventivo

Asimismo, se ha mantenido la división de la competencia para el control en tres Vocalías a cargo de los miembros permanentes del Tribunal, y se dota a los Vocales con representación parlamentaria de la facultad de realizar una suerte de “control del control”, ya que ellos pueden tener injerencia en todo lo que es competencia de las tres vocalías permanentes, sugerir cursos de acción, solicitar informes y medidas para profundizar una investigación. Todo esto sin perjuicio de las facultades que tienen como miembros naturales del cuerpo.

Se ha mantenido el régimen de remisión al Jurado de Enjuiciamiento para los miembros permanentes del organismo sin perjuicio de que, “atento a que el texto constitucional no distingue”, dicen los autores, también pueda ser denunciado ante ese organismo constitucional un vocal transitorio. En relación con éstos, si se considerase que hay mal desempeño, el Tribunal podrá efectuar la comunicación, que deberá ser fundada a la Cámara de Diputados.

A las facultades que la ley 5.796 le otorgaba al Tribunal de Cuentas se le han adicionado las que la reforma constitucional le ha agregado. En tal sentido, para el control preventivo se ha establecido que el Tribunal podrá intervenir, en aquellas contrataciones de gran significación.