Cuando arrancaba el siglo, 2001, 2002, la crisis económica, política y social asolaba a la provincia y al país. Tras la caída del gobierno de la Alianza, a nivel nacional, en Entre Ríos la disputa política tenía epicentro en los procesos de intentos de Juicio Político al exgobernador Sergio Montiel.

En esas instancias -la que llegó más lejos terminó por naufragar sin los votos necesarios-, dirigentes políticos, abogados y constitucionalistas se explayaron en analizar los argumentos centrales que planteó la defensa del mandatario entrerriano, asumida por el exsenador Raymundo Kisser.

El eje central del planteo del abogado radical era la existencia de un “vacío legal” respecto del instituto previsto por la Constitución de 1933 en el Capítulo VII. Kisser afirmaba que se pretendía separar a Montiel de su cargo sin que la Carta Magna dispusiera las causales que justificaran y dieran marco a una acusación.

Las voces que entonces rebatieron el argumento remarcaron que el Juicio Político, por su condición de tal, no tenía por qué ajustarse a las pautas de un proceso en los tribunales de Justicia ordinaria.

De todos modos, peronismo y radicalismo arribaron a la Convención Constituyente unos años después con una redacción que a futuro pusiera a salvo el debate que se había planteado.

La Carta Magna de 2008 pretendió ser más precisa. Mientras la de 1933 requería un listado de “los hechos” que fundan una denuncia; la Convención en cambio incluyó como exclusivas causales para promover Juicio Político “el mal desempeño o la incapacidad física o mental sobreviniente que evidencie falta de idoneidad para el cargo”. Además, dispuso que cada hecho motivo de la acusación se vote por separado con las mayorías requeridas en cada caso.

 

Plazos y alcances

Antes y después de las denuncias contra Montiel, no hubo en la historia institucional de la provincia un proceso de enjuiciamiento puesto a consideración del Senado que tiene la función de enjuiciar.

El Juicio Político contra Chiara Díaz, en 2017, devino abstracto promediando el proceso. Diputados aprobó la acusación; y concluyó con la renuncia del vocal que había sido suspendido en el cargo.

En el caso de Emilio Castrillón, el proceso se cerró con la jubilación express del magistrado, a la que el magistrado acudió una vez que Diputados admitió la denuncia. Este lunes, la Comisión de Juicio Político resolvió por unanimidad rubricar un informe en el que se concluye el proceso.

“Urge dictar una reglamentación”, planteó tras la reunión de comisión el diputado del PRO, Esteban Vitor. Advirtió que el proceso caído el lunes generó incertidumbre, por ejemplo, respecto de los plazos que tiene la Cámara para evaluar la denuncia y tener un dictamen.

“Son 30 días. Y la mayoría interpretó que son días corridos. Pero la Constitución no lo aclara y técnicamente si no se precisa se cuentan sólo días hábiles”, mencionó Vitor como uno de los puntos que requerirían reglamentación. El diputado del peronismo, Juan Navarro, coincidió en este punto con Vitor y también aconsejó que la Cámara baja dicte una ley.

Con relación a los plazos, las dudas surgieron cuando Castrillón pidió unos días más para responder a la denuncia y estar presente ante la comisión para ejercer su defensa. Fundó su pedido en un test positivo de Covid- 19 que lo obligaba a estar aislado. ¿Los plazos debían suspenderse o seguían corriendo los 30 días corridos? ¿Y si la evolución de la enfermedad suponía una internación o una demora no prevista?

Por otro lado, Vitor apuntó que el Senado aprobó cambios a su reglamento interno previendo la instancia del Juicio Político. Pero Diputados no la tiene aún y para el diputado del PRO “lo adecuado sería que se dicte una norma que unifique todo el proceso y que sea por ley”.

Finalmente, consideró que “hay dudas respecto de la posibilidad de que pueda seguir el juicio” aun con la renuncia o jubilación de un acusado. También planteó que hay un vacío respecto del curso que podría darse a denuncias que incluyan causales que justifiquen una inhabilitación para ocupar cargos públicos, por ejemplo.

“Planteamos estas dudas en comisión. En el caso de Estados Unidos y los impeachments a Donald Trump, hay que decir que terminó el mandato pero continuó el juicio político porque estaba la posibilidad de dictar la inhabilitación. Surgen dudas porque la Constitución de Estados Unidos es fuente de la Constitución argentina y la argentina es fuente de la entrerriana”, incluyó como tema posible de una reglamentación.

Adelantó que en su bancada se pondrá en consideración una iniciativa que, en un nuevo intento, evite el “vacío legal” que se suele argumentar respecto del Juicio Político.

Fuente: Página Política