“La constitución del Mecanismo Provincial para la prevención de la Tortura es una obligación internacional a la que se ha comprometido nuestro Estado nación, ergo los Estados subnacionales como Entre Ríos, en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, enfatizó Marcelo Boeykens, titular del Registro Único de la Verdad ante las expresiones del jefe de la Policia, Gustavo Maslein.
Maslein había asegurado que el reclamo de la Red de Organismos de Derechos Humanos, ante la “alarmante crecimiento de la violencia institucional” en la provincia, respondía a la pretensión de “apretar al Gobernador” por unos cargos en el Estado, dijo en alusión al pedido de conformar el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura.
“Esto no es un capricho de los organismos para ocupar cargos en la estructura del Estado como desliza el Jefe de la Policía, sino que radica en la necesidad de contar con un organismo técnico, independiente que prevenga y erradique para siempre de los Estado Partes de la comunidad internacional las prácticas de tortura de las fuerzas represivas. Es un sofisma pensar en el autocontrol de las fuerzas de seguridad y surge con claridad la resistencia que hay en algunas estructuras a ser controladas”, advirtió el funcionario dependiente del Ministerio de Gobierno.
Boeykens, en línea con el documento de la Red de Organismos, reafirmó “la necesidad de seguir capacitando en políticas de Derechos Humanos a las fuerzas policiales”. Agregó que Maslein muestra en sus dichos “una falta de claridad con el proceso de verdad, memoria y justicia el que tiene como máxima el Nunca Más, esto es que los crímenes de Estado no se vuelvan a cometer en nuestros Estados. Minimizar este proceso y sugerir una ideología de Derechos Humanos atenta contra más de 40 años de construcción colectiva y la lucha de los organismos como Abuelas, Madres, la APDH , la Liga con la recuperación de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho”, señaló.
Reclamó además que el Estado comprenda la necesidad de “deslindar la responsabilidad que tenemos como Estado, responsables de la tutela de los DDHH, garantizando su pleno goce y disfrute a toda la población de nuestra provincia sin distinción de ideas políticas, preferencias sexuales, raza, condición social, de las responsabilidades individuales de personas en conflicto con la ley penal”.
En este sentido, reafirmó que “que quién tiene la obligación de garantizar la vida, la salud, las garantías constitucionales, etc. es el Estado organizado y no los individuos particulares. Es así que quién viola los Derechos Humanos es única y exclusivamente el Estado, sea por acción, omisión y/o aquiescencia”.
Fuente: Página Política
