El Movimiento Proyecto Sur Entre Ríos se reunió este sábado en Paraná en donde se hizo inicialmente un informe sobre lo actuado en la Mesa Nacional Federal el 17 de marzo en la ciudad de Buenos Aires.
Del encuentro surgió un análisis de las circunstancias políticas actuales. En unl documento,se mencionaron las cinco causas que la fuerza calificó como programáticas: la crisis energética y la explotación petrolera, la megaminería, el conflicto de Malvinas y la deuda externa.
Sin embargo, hubo un espacio para referiste a la situación provincial. En el texto, se coincidió en que la situación económica actual “se traduce en el creciente endeudamiento para afrontar gastos corrientes, el atraso en los pagos y la disminución de los aportes a los municipios”.
“Esto se anunciaba solapadamente en el discurso del gobernador (Sergio Urribarri) ante la Asamblea Legislativa en diciembre pasado, cuando decía que no sólo de pan vive el hombre”, se apuntó desde la fuerza política. Y se remarcó que “el signo más visible del ajuste es el atraso progresivo en el cronograma de pagos, acompañado de la dureza con la que se encararon las negociaciones salariales”.
En esa línea, se evaluó que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) “fueron complacientes con la postura del gobierno aceptando propuestas salariales sin mayores resistencias y adjudicándose como logro el anticipo de 3.000 pesos, cuando en realidad permite diferir aún más el pago de los sueldos”.
Uader
Desde Proyecto Sur se reafirmó el apoyo al proceso de normalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
Sobre el conflicto, se consideró que “surge a las claras la demora premeditada para su definitiva normalización”. De hecho, se señaló que “antes de finalizar su primer mandato este gobierno inició una ofensiva para detener el proceso, desplazando en primera instancia a la rectora Graciela Mingo para reemplazarla por personajes adictos que dificulten este paso crucial”.
Por ello, se exigió el respeto hacia “la voluntad de la comunidad universitaria, estando ya elegidos los consejeros de los distintos claustros, los que deben ser los responsables de elegir las primeras autoridades autónomas de este establecimiento educativo”.
También se hizo mención al aumento del Impuesto Inmobiliario Provincial Rural. “En principio sostenemos una política impositiva con fin social, la que debe diferenciar a los productores de acuerdo al tipo de explotación y a la dimensión de sus establecimientos, privilegiando a quienes se dedican a producciones alternativas al monocultivo sojero, apoyando la diversidad productiva en pos dela soberanía alimentaria”, apuntaron.
Convocaron a la marcha al Puente Internacional San Martín, a realizarse el 29 de abril.
