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Cannabis medicinal. Nuevo paso por la Legislatura

La iniciativa estaba a pasos de convertirse en ley a fines del 2020. Pero se optó por un nuevo proyecto encuadrado en la reciente legislación nacional en la materia. El texto tuvo media sanción este miércoles. Juntos para el Cambio votó a favor con disidencias parciales.
Luz Alcain
Por: Luz Alcain
@luzalcain

El Régimen de Accesibilidad al Cannabis con Fines Médicos, Terapéuticos o Paliativos del Dolor logró este miércoles media sanción en la Cámara baja.

El texto casi no tiene diferencias con el que estuvo a pasos de convertirse en ley en diciembre del año pasado. Una nueva devolución con cambios a la Cámara baja, y la necesidad de encuadrar el proyecto en el nuevo decreto reglamentario (Nº 883) de la Ley Nacional del Cannabis Medicinal justificó la presentación de una nueva redacción a cargo de los diputados del peronismo, Néstor Loggio y Silvia Moreno.

En lo central, el nuevo proyecto evita mencionar la palabra “prescripción” médica, en línea con el decreto nacional. Se entiende que la “prescripción” de un medicamento supone siempre la intervención de la Anmat habilitando su uso, trámite que no rige en el uso del cannabis y sus derivados. Se habla en cambio de “recomendación” médica como requisito para que una persona pueda utilizar en cualquiera de sus formas, transportar, almacenar, cultivar cannabis y/o producir sus derivados.

El proyecto de ley, tal como lo contemplaba anteriormente, prevé la autorización para cultivar a personas que tengan esa recomendación médica. Esa persona podrá registrar hasta tres domicilios en los que se cultivará para su tratamiento, sin imposiciones respecto de límite de plantas. También podrán registrarse asociaciones civiles vinculadas a la temática, además del Estado y organismos públicos abocados a la investigación.

En los tres primeros artículos, el proyecto define algunas cuestiones como principios rectores del régimen: 1) Accesibilidad, en tanto se define como prioritaria la protección de la salud, entendida como un derecho humano fundamental, mediante el acceso a la planta de cannabis y sus derivados; 2) Interpretación que impone como criterio la lectura de la ley que favorezca el acceso al cannabis con fines terapéuticos; 3) Preferencia para las economías sociales y populares en el otorgamiento de licencias para producir los derivados de la planta.

De este modo -y con la definición del Ministerio de Salud como órgano de aplicación- se termina de definir un proyecto que deja de lado la política de persecución por parte del Estado al uso y el cultivo de la planta, siempre que esté presente la recomendación médica a una persona.

La perspectiva de “salud integral” también acota las reglamentaciones respecto de los casos en que estaría indicado el cannabis y en cuáles no, a la vez que no impone una determinada modalidad de uso de la planta.

El proyecto estipula la creación de un Registro Provincial de Usuarios y Cultivadores de Cannabis con fines Medicinales, Terapéuticos y/o Paliativos; contempla la instrumentación de un Programa de Acceso al Cannabis de Entre Ríos para la puesta en marcha de políticas para la investigación, la promoción de la salud, la organización de profesionales de la salud especializados en la materia, entre otras acciones. Se conforma un Consejo Consultivo Honorario para controlar el cumplimiento de la ley y hacer recomendaciones con una integración de 19 miembros entre los que figuran representantes de distintas áreas del Ejecutivo Provincial, la mayoría y la minoría parlamentaria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las universidades públicas con asiento en la provincia, representantes de la sociedad civil, el Conicet, el Colegio de Farmacéuticos.

En general, con objeciones

La bancada de Juntos para el Cambio acompañó en general el proyecto y planteó objeciones respecto de una serie de artículos, además de considerar que no hubo tiempo suficiente para el debate en comisión.

En la voz de la diputada Ayelén Acosta del PRO se argumentaron posiciones que trasuntan una mirada diferente a la del oficialismo. Es el caso de la concepción de la planta como un estupefaciente o sustancia peligrosa lo que la llevó a plantear la necesidad de controles en el transporte; observaciones a la posibilidad del cultivo de la planta, para lo cual comparó este proyecto con la ley que rige en Jujuy, Mendoza y en Buenos Aires; y cuestionó que se ponga el acento en el Estado otorgando derechos, en desmedro del control, entre otros puntos.

Recordó que el debate sobre esta iniciativa se generó a partir de una ley nacional (27.350), aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, que dispuso el marco para el estudio e investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos con fines terapéuticos, médicos y/o paliativos del dolor.

Insistió en marcar que el decreto reglamentario en el que se enmarca el proyecto hace lugar al autocultivo y que de este modo “excede lo que la ley habilita”.

Por su parte, la diputada radical Gracia Jaroslavksy manifestó su “orgullo” de votar esa ley y defendió enfáticamente una política de salud que recupere a las plantas y su potencial medicinal. Objetó, sin embargo, especialmente, el punto en el que se ofrece el testeo de los productos como “derecho” para los cultivadores y no como “obligación”.

Desde su perspectiva, “en el afán de colaborar con los productores de la economía social” se elude la posibilidad de exigir pautas de calidad así como también asegurar a los usuarios del cannabis “que lo que están usando es seguro”.

 

Fuente: Página Política
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