Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.
El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.
Además, el Poder Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales
En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.
También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial.
Las universidades nacionales, impulsoras de la protesta de este martes, también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.
Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.
La medida oficial lleva firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de la estructura nacional.
Mediante el artículo 3°, se incrementaron en $500.000 millones el techo fijado por el artículo 40 de la Ley N° 27.798 para la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional y deudas establecidas en acuerdos transaccionales bajo la Ley N° 27.260. El nuevo límite queda determinado en $712.288 millones, publicó La Nación.
Según dispone la norma, la ampliación responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Anses, organismo descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, es el ente responsable de afrontar esos pagos.
Además, la decisión contempla también un refuerzo de los créditos de gastos en personal destinado a financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Por esto, se incorporaron 162 mil millones de pesos como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional, bajo la categoría de “Gastos en personal”.
Fuente: Página Política
