Martín Carboni, amenazado por José Angel Allende, rechazó formalmente en sede judicial el acuerdo que un tribunal debe evaluar. El Ministerio Público Fiscal y el abogado del ex diputado firmaron un juicio abreviado que implicaría para el imputado una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. También deberá pagar una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares. Pero además por haber agredido a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, lo que se constituyó en una causa de violencia de género con el testimonio de otros funcionarios; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado que pediría una pena de dos años y seis meses de prisión condicional.
El periodista, como Velázquez, también manifestó su “expresa y motivada oposición” a la acumulación de causas en un mismo acto que deberá ser analizado el 1º de julio por el tribunal integrado por José María Chemez, Alejandro Cánepa y Carolina Castagno. Ambas víctimas no se presentaron como querellantes porque entendieron que no era necesario ante el interés público de entonces para dilucidar los hechos. Esto, finalmente, los perjudicó al no permitirle rechazar el acuerdo.
En una extensa presentación, y con el patrocinio letrado del abogado Rubén Pagliotto, Carboni expresó no solo que “la acumulación de causas pretendida desnaturaliza disruptivamente el proceso de Juicio Abreviado”, sino que “invisibiliza derechos de especial protección constitucional e internacional”.
En el escrito, el periodista remarcó que “el delito de amenazas coactivas atribuido al imputado José Allende constituye a la par que un ataque a la libertad de determinación contra el suscripto, un claro atentado contra la libertad de expresión”, consagrado en las constituciones provincial y nacional, así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos con jerarquía constitucional.
La Justicia -según Carboni y Pagliotto – debe valorar que “el interés jurídico lesionado es la libertad de expresión en su doble faz: individual y colectiva”. Y advirtieron: “Desconocer dicha dimensión, a tenor de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino en relación a la libertad de expresión, y en atención a la calidad de funcionario público que revestía el imputado al momento de perpetrar el desmedido ataque (invocando el atroz asesinato de José Luis Cabezas y hasta negando la autoría de Yabrán), configura violencia institucional, siendo responsables los agentes del Estado en los términos expresados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Trabajadores de prensa emitieron un documento repudiando el acuerdo llevado adelante en los tribunales.
Más adelante, en la petición, se detalló que “en el caso del imputado Allende se licuan y funden cuatro injustos, cuyas penas en abstracto generan una escala punitiva de entre dos (2) años de mínima y 16 años de máxima de prisión, siendo inentendible y asaz injusto entonces la unificación de causas y mucho más aún, la pena impuesta de 2 años y 8 meses, casi “pegada” al mínimo”.
“Tal situación no sólo que desjerarquiza y devalúa la sagrada función jurisdiccional, sino que sienta un oscuro y desalentador precedente”, se lee en el escrito.
Por otra parte, advirtió que “llama doblemente la atención la actitud del fiscal Piérola: por su radical e intempestivo cambio de posición”.
El tribunal deberá refrendar o rechazar ese acuerdo que alcanzaron Leopoldo Lambruschini, en representación de Allende; la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, el fiscal de género Leandro Dato y los fiscales Laura Cattáneo y Piérola.
