“Desde enero, en la provincia comenzó una serie de reformas tributarias y estamos generando una acción muy fuerte de recaudación que nos está dando resultados positivos”, explicó el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto.
Indicó que “hay 50 convenios vigentes con los municipios para apuntan a una mayor recaudación. Cada municipalidad es autónoma y decide sus propias políticas, pero nosotros aportamos asistencia técnica”. En ese sentido, remarcó: “Si bien Entre Ríos tiene dificultades económicas, los estamos paliando con la recaudación propia”.
“Desde enero la provincia comenzó con una serie de reformas que dio buenos resultados en materia impositiva. Se está trabajando fuertemente con la AFIP y los municipios”, explicó en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
“Ya nos hemos reunido con varios intendentes y lo seguiremos haciendo para firmar convenios con ATER. Nosotros no incidimos sobre las decisiones municipales, pero sí estamos en condiciones de aportar asistencia técnica”, remarcó.
Respecto a la prórroga por otros 60 días de la vigencia del régimen de regularización voluntaria de inscripciones de automotores inscriptos en otras jurisdicciones, pero que tienen su guarda efectiva y habitual en la provincia, sostuvo: “Ya se inscribieron 2.200 vehículos patentados en otras provincias, así que por eso se extendió el plazo”.
En cuanto a las quejas de los contribuyentes, manifestó: “Si yo veo que la gente que tiene un departamento de 50 mil pesos o un auto 40 mil va y paga los impuestos, que se enoje alguien que tiene un campo de 15 millones me preocupa muy poco”.
Señaló además que se están realizando otros cambios: “Esta semana cambiamos el sistema por el cual se manejaban los planes de pago, con cuotas más altas de entrega y también estamos modificando el sistema de procuración fiscal. Es decir, lo que ahora estamos haciendo es un sistema muy similar a la AFIP, donde ya no sería el deudor quien tiene que arreglar la situación con el abogado, sino directamente con la administración”.
En ese sentido, añadió: “Antes, por una deuda de 100 mil pesos, el abogado cobraba el 10 por ciento. Lo que nosotros ahora ponemos es una graduación en el honorario de acuerdo a la acción judicial que se realice, poniendo un tope también para las deudas más chicas. Se le pone un límite a las deudas inferiores a 2.000 pesos, que no deberán abonar de honorarios más de 150 ó 300 pesos como máximo”.
