Apenas veinticuatro horas que se conozca el dictamen de la Comisión Asesora de Disciplina que integran la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Justicia, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto firmó – según supo Página Política – la resolución 447/15 disponiendo la exoneración de los principales imputados en la causa que se investiga por el desfalco por más de 50 millones de pesos a través de compensaciones tributarias. Se trata de la jefa de Despacho del organismo recaudador, Estrella Martínez de Yankelevich; y el jefe de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión.
A ambos la comisión los encontró “responsables de haber simulado compensaciones tributarias en el período 01.01.12 al 04.06.14, mediante la consignación de créditos líquidos y exigibles inexistentes de titularidad de una serie de contribuyentes en contra del Estado provincial por montos equivalentes a los distintos impuestos adeudados por éstos a la ATER, sin respetar el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las resoluciones ministeriales respaldatorias”, según dice el dictamen de 144 fojas al que tuvo acceso Página Judicial.
En el dictamen se acusó a Yankelevich de haber “avalado con su firma de puño y letra las operaciones ilícitas, lo que no puede interpretarse de otra manera que no sea un claro reconocimiento de su participación activa en las operaciones ilícitas”.
Sobre Gaggión sostuvo que “valiéndose de su clave personal y secreta IG16466282, la cual le permitía acceder al Sistema Informático Tributario (SAT), efectuó compensaciones tributarias por la suma de 21.635.797,02 pesos, de las cuales sólo 4.547.516,30 contaron con el debido respaldo documental, siendo por lo tanto irregulares y violatorias de todo el procedimiento”.
Casaretto tomó los argumentos de la comisión y como corresponde a la dirección ejecutiva que conduce, al ser autoridad de nombramiento e iniciadora del sumario administrativo, dio por finalizado y aprobado el proceso con la resolución para que se apliquen las sanciones.
Una larga lista de empresarios proveedores del Estado y cinco empleados de ATER están siendo investigados por la estafa. La Justicia ha tomado declaraciones y allanado la Tesorería General de la provincia y el organismo recaudador. En la nómina de imputados no aparece un funcionario que se daba por hecho que estaría en el grupo de sospechosos. Es Gustavo Gioria, quien se desempeñaba como tesorero de la provincia, y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo que denunció el jefe de la ATER, Marcelo Casaretto. En criollo: atendía de los dos lados del mostrador.
El artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Esas tres áreas gubernamentales tenían a Gioria, Aurelio Miraglio y Diego Valiero. El primero renunció; el segundo fue el último titular de lo que es la ex DGR y ahora ATER; y el tercero es el funcionario más antiguo de las dos gestiones de Sergio Urribarri.
La causa está en manos de los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola (auxiliar) y de la jueza Marina Barbagelata.
