En la maratónica sesión que comenzó este sábado y terminó el domingo se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación la modificación de la Ley de Ganancias. Más de 1,2 millones de trabajadores y jubilados dejarán de pagar el tributo. “Nosotros sin haberlo prometido pomposamente en la campaña, sino asumiéndolo con convicción avanzamos aliviando la carga impositiva sobre los sectores del trabajo porque sabemos que esto se va a volcar íntegramente en el mercado interno”, enfatizó Marcelo Casaretto durante su exposición.
“En este momento alrededor del 25 por ciento de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, cuando históricamente nunca debió ser más del 10 por ciento. Con la modificación que hacemos quedan solo el 7 por ciento de los trabajadores activos solamente pagando y el 93 por ciento exentos”, remarcó y precisó que en Entre Ríos “se verán beneficiados 32.179 trabajadores y jubilados”.
Explicó que “dentro de la ley, contemplamos por un lado trabajadores activos, y por otro jubilados. Lo que es el valor para trabajadores activos de 150.000 pesos se va a actualizar en base a la variación del Ripte, que es un indicador promedio de los aumentos de las paritarias de los trabajadores en dependencia. De esta manera va a tener una pauta de ajuste automático para que no se atrase. En cuanto a los jubilados, el límite es a ocho jubilaciones mínimas, y se irá actualizando durante el año. Y en cuanto a los monotributistas, ajustamos los valores a 35 por ciento y la variación de las jubilaciones mínimas” y aseguró: “Esto significa que arreglamos una distorsión que lleva muchos años en la Argentina y al mismo tiempo solucionamos el problema para el futuro para que esta estructura que hoy queda, que solamente paga el 7 por ciento de trabajadores y el 2,4 por ciento de jubilados, no se altere ni con este gobierno ni con futuros gobiernos”.
“Es una decisión política de nuestro gobierno de invertir 47.000 millones de pesos para que lleguen en forma directa al bolsillo de un trabajador y de un jubilado” destacó.
Casaretto informó que “en el mes de abril, en la liquidación, ya van a percibir el beneficio. Y a partir de allí le van a pagar también lo que le han descontado en los meses de enero, febrero y marzo” y ejemplificó: “Ayer miraba un recibo de sueldo con un descuento de 12.000 pesos por mes. En abril, ese trabajador va a recibir los 12.000 pesos que le descontaban y además va a cobrar 36.000 más de enero, febrero y marzo. En el bolsillo de ese trabajador van a ingresar 48.000 pesos que no los hubiese cobrado si no votábamos esta ley. Y es por eso que tuvimos consenso en la aprobación general de esta norma”.
El también secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, señaló que “nosotros vemos que acá hubo un modelo en los cuatro años anteriores: bajar el impuesto a las ganancias en las empresas, bajar las retenciones al campo, bajar las retenciones a las mineras y de esta manera iba a venir una lluvia de inversiones. Eso no ocurrió. De cuatro años, tres años de gobierno cayó la actividad económica. Nosotros creemos que hay un lobby importante para bajarle los impuestos a los poderosos y no hay la misma diligencia para discutir la carga impositiva sobre los trabajadores y jubilados. Nosotros no lo prometimos pomposamente en la campaña, sino que lo asumimos con una convicción de que tenemos que hacer cosas distintas de lo que hizo el gobierno anterior para tener resultados diferentes”.
Recordó que “en el primer año de nuestro gobierno pegó muy fuerte la pandemia y cayó la actividad económica, principalmente en marzo y abril, pero desde mayo se fue recuperando. Crece la actividad agropecuaria, la industria por niveles superiores de los perdidos en la pandemia, crece el empleo industrial, la actividad en la construcción, hay un fuerte proceso de inversión y de creación de empleo en ese sector. Claramente en el presupuesto de este año teníamos una previsión del crecimiento de la actividad económica del 5 por ciento y ya todos los indicadores demuestran que nos hemos quedado relativamente cortos y que va a crecer un 6-7 por ciento”.
“Presentamos las inquietudes de todos los sectores políticos, pero estamos viendo concretamente que los resultados de las políticas económicas del gobierno de Frente de Todos está permitiendo que la Argentina recupere ritmo de crecimiento económico, pero queremos que recupere el crecimiento con una mejor distribución del ingreso y también con un concepto de inclusión social”, subrayó.
Finalmente, el diputado Casaretto manifestó que “es por eso que con convicción avanzamos aliviando la carga impositiva sobre los sectores del trabajo porque sabemos que esto se va a volcar íntegramente en el mercado interno. El esquema anterior de bajarle el impuesto a los poderoso significaba que aquellos que dejaban de pagar compraban dólares, o fugaban el dinero al exterior o lo sacaban de circulante. Naturalmente, que entren unos pesos más al bolsillo de un trabajador o jubilado, se van a volcar directamente al consumo interno y eso va a permitir que crezca la dinámica económica de la Argentina y que colabore en ese proceso de crecimiento”.
Nuevos tiempos
Por su parte, Blanca Osuna destacó el trabajo, la producción y el recorrido legislativo hecho para la aprobación por amplia mayoría de la ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, en la Sesión Especial llevada adelante este sábado. “Esta aprobación fue indispensable, con todos los antecedentes que tenemos en materia legislativa, para dar lugar a una ley que atraviesa el derecho a la educación ambiental en la Argentina y que aporta definitivamente a las generaciones futuras”, afirmó Osuna.
“Hoy avanzamos en el establecimiento del derecho a la educación ambiental como una política pública nacional, con una estrategia transversal que fomenta cambios significativos en el sistema educativo, en la construcción de ciudadanía, en las vidas cotidianas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestra alimentación y en la matriz productiva”, aseguró la Legisladora nacional. “Son definiciones y acciones integrales que apuntan a transformaciones cotidianas que mejoran el horizonte de futuras generaciones”, añadió la presidenta de la Comisión de Educación.
“Estos nuevos tiempos a nivel mundial nos interpela en el trabajo legislativo y en las acciones que venimos sosteniendo y desarrollando desde la Comisión de Educación”, apuntó Osuna. “Se trata del compromiso, la planificación y la ejecución de acciones que apuntan a cambios culturales estructurales, gestando nuevos hábitos, donde la educación y la escuela tienen roles medulares”, añadió.
“La legislación aprobada sostiene que la Educación Ambiental Integral es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyen y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”, detalló Osuna . “Esta ley que aprobamos, con una clara decisión del Gobierno nacional, da pasos imprescindibles en un desarrollo sostenible y un futuro sustentable”, anadió.
“Este proceso que la ley alumbra en estas definiciones, debe apoyarse en la sustentabilidad como proyecto social, en el desarrollo con justicia social, en la distribución de la riqueza, en la preservación de la naturaleza y la igualdad de género, en la participación y en la diversidad cultural, con un equilibrio que es crucial entre las dimensiones sociales, ecológicas, políticas y éticas sobre nuestra de habitar nuestra casa común”, puntualizó la Diputada nacional de Entre Ríos..
Recordó que de manera reciente fueron tratadas y aprobadas leyes “como la que respaldó el Acuerdo de Escazú (Ley N°27566), o la Ley Yolanda Nº 27592, que establece la capacitación de trabajadoras, trabajadores y funcionarios de la administración pública nacional en materia ambiental. Entonces, con esta nueva ley, además de establecer al derecho a la educación ambiental, también aportemos a que las herramientas de gestión pública contribuyan a la coordinación necesaria entre quienes son responsables en materia de políticas educativas y políticas ambientales”.
Puntualizó que la ley “tiene referencias a los antecedentes legislativos y legales que la Argentina cuenta, como la Constitución Nacional en su artículo 41, o la Ley General de Ambiente en su artículo 8, o la Ley de Educación Nacional en su artículo 89. Y después el conjunto de leyes que hacen al abordaje integral de las problemáticas ambientales, como el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, de Residuos Domiciliarios, Bosques Nativos, Glaciares, Manejo del Fuego, Tratados y Acuerdos internacionales, en todo un plano conceptual que tiene la Ley”. Además, destacó que “genera herramientas concretas para la articulación, vinculación y coordinación y describe formas de gestión, como la estrategia nacional de educación ambiental integral y la estrategia jurisdiccional y de trabajo con las universidades”.
“Estamos hablando de procesos y mecanismos transversales, de la responsabilidad de la formulación de programas nacionales para alumnos del sistema educativo, para la formación docente inicial y continua, lineamientos para la formación científica y tecnológica, capacitación de agentes según la Ley Yolanda y la responsabilidad de generar publicaciones con trabajo de un enfoque no formal y con participación en un Consejo Asesor”, manifestó Osuna, en la presentación de la ley durante la Sesión de este sábado.
“En un momento donde hay una gran turbulencia provocada por una crisis que no elegimos, más la crisis que heredamos, accionamos en un camino de reconstrucción, a partir de la decisión de Alberto Fernández de restituir esa categoría de gestión, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señaló Osuna. “Estamos a las puertas de un avance importante, que recupera todos los antecedentes y la historia de organizaciones sociales y ecológicas que han venido haciendo todos estos años esfuerzos para aportar al cuidado del ambiente, al mejor vivir y a la conciencia social ambiental, como también docentes y estudiantes que hacen aportes permanentes por buscar formas de cuidar nuestra casa común”, finalizó.
Fuente: Página Política
