La causa por supuestas coimas en torno al servicio de depósito fiscal en el Puerto de Concepción del Uruguay no avanza como se supone, a juzgar por las rimbombantes declaraciones del empresario que las emitió en un medio local. José Uriburu denunció públicamente y luego en el ámbito tribunalicio -aunque ya con un tono menos belicoso- haber tenido que pagar coimas al ex presidente del Ente Portuario, Carlos María Scelzi; y al ex titular del Instituto Provincial, Leonardo Cabrera; para continuar con esa prestación.
La causa recayó en la unidad fiscal N°2 a cargo de María José Labalta. A la fecha no hay imputaciones, lo que es raro porque el propio Uriburu reconoció haber pagado coimas y dejó trascender una conversación con Cabrera emitida hace ya dos lunes en en canal del diario La Nación. Allí parecieron asomar algunos indicios.
El Gobierno no hizo ruido con este asunto, pero se encargó de dejar trascender en algunos medios en los que baja la “línea de la transparencia” que desde el Ejecutivo ya se había hecho la denuncia antes de que trascendiera el hecho. La novedad sobre la denuncia presentada el 19 de abril por el Ente Portuario, a cargo de Marcos Di Giuseppe, ya había sido publicada por Página Política el viernes 17 de mayo. En resumen, la primera denuncia, la del Estado, lleva 40 días.
En esa misma nota publicada por este medio se reveló que Uriburu fue funcionario del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hombre cercano a Mauricio Macri. A continuación, la publicación:
Más allá del desempeño de la fiscal Labalta, que titularizó su cargo en agosto de 2021, es probable que sobre esta cuestión esté más encima el procurador general, Jorge García, que para suerte de los uruguayenses es uno de sus hijos y donde familiares han tenido la fortuna de conseguir trabajo en la Justicia. La ciudad de Concepción del Uruguay la gobierna un ex juez federal, José Eduardo Lauritto, cuya construcción política en el peronismo tiene al apellido Scelzi como columna vertebral de una elite que atraviesa buena parte de la democracia moderna conviviendo y participando de la vida institucional de la ciudad en sus tres poderes, incluso con terminal en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).
Hay un dato interesante en lo judicial. Se está discutiendo la competencia. Insólito.
El devenir de la causa puede traer, y ya lo trae, inconvenientes en el plano económico. El servicio de depósito fiscal quedó clausurado, erosionando la capacidad de recaudación impositiva a la provincia y la ciudad. Otro inconveniente lo tienen los productores de arroz, por ejemplo, que deben ir al puerto de Campana, lo que le genera por distancia un costo mayor de logística. También el comercio en torno a las instalaciones portuarias se vieron notablemente damnificadas.
Uriburu no detonó el puerto unas semanas atrás cuando hizo las denuncias, sino cuando su empresa comenzó a generar una deuda que alcanza los 13 millones de pesos a la ATER, otros 3 millones en canon al puerto, además de la deudas de AFIP, lo que le impedía operar. El proceso de quiebra ya está en marcha.
Entre Ríos no integra ninguno de los lotes de provincias que se benefician por recursos hidrocarburíferos, ni forma parte de la pampa húmeda que integra el complejo agroindustrial. Una de las cosas que tiene para ofrecer, en lo inmediato, es una estructura logística para sacar producción.
Concepción del Uruguay fue una de las cabeceras del movimiento portuario con actividad récord en los últimos 25 años, según un informe gubernamental con fecha de octubre del año pasado. Ibicuy tiene en carpeta convertirse en un puerto de aguas profundas. Al frente está el ex diputado provincial, Martín Anguiano, un hombre de confianza de Rogelio Frigerio, más allá de la gestión.
Fuente: Página Política
