Este miércoles, a las 11, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento y de Trabajo de la Cámara de Diputados comenzará a tratar el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el Código Procesal Laboral de Entre Ríos.
De la reunión, que se desarrollará en el Salón de los Pasos Perdidos, participarán el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Julio César Fochesatto.
La iniciativa del Ejecutivo no es una reforma integral, sino que está centrada en evitar que los conflictos laborales pongan en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas, con tres puntos:
1.- Crea un cuerpo de peritos médicos especializados en accidentes laborales, dependiente del Poder Judicial, que serán seleccionados por concurso y con sueldo fijo.
2.- Cuando intervenga un perito externo, sus honorarios tendrán un tope. Se propone que los jueces regulen los honorarios según la naturaleza y complejidad de la tarea, y no sobre la cuantía económica de un juicio laboral.
3.- Elimina el depósito obligatorio del monto total de la condena, más el 30% de intereses, que deben hacer los empleadores para apelar una sentencia de primera instancia.
El proyecto está hecho a imagen y semejanza de modelos que ya implementaron Santa Fe y Córdoba, inspirados en una normativa nacional. En septiembre, el gobernador Rogelio Frigerio anunció el envío de esta iniciativa en la Jornada de la Industria, como un guiño a los empresarios que no paran de quejarse por una creciente litigiosidad que atenta contra el empleo y las pymes entrerrianas.
Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se iniciaron 2.502 juicios por riesgos del trabajo en Entre Ríos, un 25% más que el año anterior, lo que la ubica como “la segunda provincia con más litigiosidad del país”, según se encargó de destacar el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso.
El objetivo declamado en los fundamentos del proyecto es aportar al proceso laboral “un equilibrio más adecuado de los derechos y garantías en juego, dotando al funcionamiento de la justicia laboral de mayores niveles de razonabilidad y objetividad”. Traducido por Troncoso: “descomprimir el fuero laboral, garantizar la imparcialidad y que no se disparen los costos laborales. De ese modo estamos cuidando al que produce y genera trabajo. Estamos garantizando que pueda seguir generando empleo genuino en la provincia”.
Peritos y apelación
Con la creación del cuerpo médico de peritos especializados en accidentes de trabajo, dependientes de la Justicia se pretende agilizar la Justicia Laboral con personal especializado en la materia.
El cambio en la regulación de los honorarios busca cortar el vínculo entre lo que cobra el perito y la declaración de incapacidad del trabajador que el perito propone. “Entendemos que acá hay un sesgo y que no se garantiza la imparcialidad del perito, que es el corazón del proceso”, aseguró Troncoso.
Con el sueldo fijo, un perito del listado oficial tendrá como máximo la posibilidad de percibir ocho juristas. En este momento el jurista tiene un costo de $100.000, es decir que el máximo a cobrar serán $800.000.
Troncoso afirmó que se busca una uniformidad de criterios en los fallos ceñidos al baremo, la tabla que regula la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo, “para generar previsibilidad y seguridad jurídica”.
“Hoy en el caso de que la demandada apele debe depositar la cuantía de la condena más 30% de intereses. Y, de no poder hacerlo se da una discriminación entre una empresa grande y una pyme. Y la accesibilidad a la Justicia no puede depender de cuánto tenés en las espaldas. Tenemos garantizar que se pueda apelar y continuar la controversia”, remarcó.
Debate
Para Troncoso, la iniciativa no va en contra del trabajador, que en todo caso “se perjudica cuando se atenta contra las fuentes de trabajo”.
El ministro explicó que se llegó a la redacción de este proyecto luego de que, un año y medio atrás, fracasara el intento del Ejecutivo de firmar un convenio con el Superior Tribunal de Justicia y Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
“Los proyectos son perfectibles. Tenemos claro el rumbo, a dónde queremos apuntar y seguiremos por ahí. Otras provincias tomaron medidas similares y cayó estrepitosamente la litigiosidad. Escucharemos a todas las voces que quieran expresarse para sacar el mejor proyecto de reforma posible. No tenemos miedo al debate y al disenso para generar consensos”, expresó.
La semana pasada se conocieron reparos al proyecto desde el fuero laboral.
La camarista María Gabriela López Arango, vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones y vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, pronosticó que la eliminación del depósito para apelar “va a ser resistido muy probablemente por los letrados y por la gente que está en el fuero del trabajo” y marcó que los magistrados no fueron convocados formalmente a la discusión.
Fuente: Página Política - Página Judicial - Página Gremial - Radio Plaza
