El gobernador Rogelio Frigerio remitió a la Legislatura el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral que había anunciado hace unos días, y no casualmente, en la Jornada de la Industria, como un guiño a los empresarios que no paran de quejarse por una creciente litigiosidad que atenta contra el empleo y las pymes entrerrianas.
El proyecto está hecho a imagen y semejanza de modelos que ya implementaron Santa Fe y Córdoba, inspiradas en una normativa nacional, y se asienta en tres pilares esenciales: la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, que serán seleccionados por concurso; el desacople de los honorarios de los peritos designados de oficio o a pedido de parte de la cuantía económica de un juicio laboral; y la eliminación del depósito obligatorio del monto total de la condena que deben hacer los empleadores para apelar una sentencia de primera instancia.
La declamada intención es “fortalecer las garantías del debido proceso, asegurando el acceso efectivo a la instancia revisora; adecuar el sistema pericial médico a la legislación nacional sobre riesgos del trabajo y dotar al funcionamiento de la justicia laboral de mayores niveles de razonabilidad y objetividad”.
No se trata, ni de cerca, de una reforma integral de la legislación de fondo. Tampoco era la intención, según indicaron voceros consultados por Página Judicial, sino que se pretende evitar que los conflictos laborales pongan en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas y dar una señal de apoyo al sector productivo.
En los fundamentos del proyecto se plantea que la intención es “que la especial protección reconocida a los trabajadores se desarrolle dentro de un proceso equilibrado, técnicamente confiable y respetuoso de las garantías constitucionales de todas las partes”. Cabe preguntarse si hay asimetrías entre un trabajador y un empresario. Un gran signo de interrogación. “La tutela de los derechos laborales debe compatibilizarse razonablemente con el respeto a la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, sigue el argumento oficial.
En definitiva, la reforma busca “dotar al proceso laboral de un equilibrio más adecuado de los derechos y garantías en juego, dotando al funcionamiento de la justicia laboral de mayores niveles de razonabilidad y objetividad”, según postula el Gobierno.
Cincuenta años atrás
El Código Procesal Laboral de Entre Ríos fue redactado en 1972. Suprimida la Legislatura, lo hizo una Comisión Especial designada por el interventor militar Ricardo Favre, durante la autodenominada Revolución Argentina.
La comisión estaba integrada por el subsecretario de Justicia, Jorge E. Goncevatt, representante del Poder Ejecutivo; Rubén Darío O. Arias, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ); Juan Carlos Bacigalupo, por el Colegio de Abogados de Entre Ríos; y la escribana Lidia Delfina Marelli, como secretaria.
Entró en vigencia el 1 de mayo de 1973; pero está estructurado de tal forma que apenas un tercio del articulado corresponde específicamente a regulaciones laborales y el resto son remisiones expresas o tácitas al Código Procesal Civil y Comercial.
Si bien en estos años se han introducido modificaciones parciales, como la implementación de la oralidad, celeridad y simplificación de algunos trámites procesales, que aportan agilidad en los procesos, el corazón del Código Procesal se ha mantenido prácticamente incólume en cinco décadas. Hubo intentos por hacer modificaciones integrales, uno redactado por Bernardo Salduna e impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otro de Esteban Vitor, actualmente a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, cuando era diputado. Ninguno prosperó.
La industria del juicio
El proyecto que Frigerio remitió a la Legislatura había sido anunciado, sin mayores precisiones, en la Jornada de la Industria, donde reiteró la obsesión de su gestión por la generación de puestos de trabajo en el sector privado.
En tono político, y frente a los empresarios, el gobernador dijo que “las leyes laborales están para proteger derechos, por supuesto, pero necesitamos razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo que todos deberíamos cuidar”. Estuvo, ciertamente, más moderado que en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, cuando cargó directamente contra el Poder Judicial con una exhortación a los magistrados para que al momento de resolver tuvieran presente quiénes son los que dan trabajo: “Las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo”, había dicho entonces.
El origen de aquellas expresiones hay que buscarlas en un reclamo del sector empresario, que evita utilizar la expresión “industria del juicio”, que tanto exaspera a los abogados, pero alude a una “litigiosidad exacerbada” en la provincia.
En mayo de 2025, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) difundió un informe apalancado en estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que indicaba que en 2021 se contabilizaron 1.292 juicios laborales en toda la provincia, mientras que en 2024 fueron 2.002, con dos años consecutivos en aumento.
El informe de la UIER cuestionaba la jurisprudencia establecida para el cálculo de los intereses de indemnizaciones y plantea, como posible alternativa, la intervención obligatoria de cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo y que sus honorarios sean abonados por la labor efectivamente realizada y no estén vinculados al monto del juicio, por ejemplo. Frigerio tomó nota y plasmó el reclamo en el proyecto que ahora remitió a la Legislatura.
Asimetrías
En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, Frigerio señaló que “las decisiones judiciales no son neutras en términos de impacto social y económico. Hay ejemplos de fallos que trascienden el caso puntual y generan impacto sobre el empleo, la inversión y la sostenibilidad de los sistemas públicos” y refirió a “las pymes que quiebran por las sentencias de los juicios laborales que reciben”.
Antes, Gabriel Bourdín, entonces presidente de la UIER, se había manifestado en idénticos términos: “Los fallos de jueces provinciales habilitan el pago de montos cada vez mayores por las sentencias, que implican mayores costos para producir y, en el peor de los casos, ponen en jaque a las empresas mismas”.
Las palabras no encuentran sustento en los tribunales. Lo pueden atestiguar los trabajadores de El Diario, despedidos en 2018 y siguen reclamando que les paguen sus indemnizaciones; ni los cesanteados del bazar El Entrerriano o los despedidos por la Aceitera del Litoral. Son ejemplos que exponen, en todo caso, las asimetrías.
(Informe de Juan Cruz Varela, para Plaza Mansilla y Página Judicial)
Fuente: Página Política
