Hace un mes era cuestión de horas. Luego fue de días. Ya no se sabe cuando se efectivizará el cumplimiento de la condena de Sergio Urribarri y Pedro Báez. 

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) no hizo lugar a la queja en un fallo que se conoció el 17 de abril pasado. 

El 25 de marzo, sin embargo, los entrerrianos, entre ellos Raúl Barrandeguy, nos enteramos que Fernando Burlando tomaría la representación de Urribarri. La decisión sonaba disparatada, porque era una certeza a voces que el tribunal ya había decidido no hacerle lugar a la petición, por lo tanto el partido no solo que ya estaba jugado, sino que el resultado escrito. 

El mediático penalista brindó sus servicios en Paraná y en Buenos Aires. En el ámbito local habló con la prensa, denunció un sistema judicial con letra de su defendido y presentó una denuncia contra el ex aliado de su defendido: el procurador general, Jorge García. Cuando toda esa polvareda comenzó a bajar, llegó la principal contraprestación. La jueza María Romilda Servini de Cubría solicitó el expediente luego de un planteo que hizo Burlando en Comodoro Py. Una maravilla. Urribarri cree que la Procuración General de Entre Ríos es un nido de ratas. Es lo mismo que piensa la destituida ex procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, pero del STJ. En resumen: en boca de un ex gobernador y una ex funcionaria judicial jerárquica, tanto el Ministerio Publico Fiscal como el máximo órgano judicial de la provincia están en manos de los peores. Por lo tanto todo se dirimirá en Buenos Aires. Donde atiende Dios. 

Cualquier decisión que tome Servini va a generar un conflicto de competencias que finalmente terminará en la Corte Suprema de Justicia, como sucedió con la causa contratos truchos de la Legislatura. En ese caso, la jurisdicción quedó para los tribunales de Paraná, pero debieron pasar tres años. 

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Específicamente por haber desarrollado un plan que consistió en un desvío millonario de fondos públicos para promocionar una fallida candidatura presidencial que se dio en llamar el sueño entrerriano.

El mes pasado el STJ pudo haber pedido que se comience a cumplir la sentencia y evitado todo el festival de recusaciones al que se asiste. 

El 7 de octubre el ex gobernador cumple 66 años. Como no lo debe haber imaginado nunca, debe rogar alcanzar los 70.  

Fuente: Página Política