Hace un año, exactamente el 3 de octubre, la causa pasó a presentarse con el hashtag #ContratosTruchos. Ese día la Policía de Entre Ríos allanó dos estudios contables ligados a la Legislatura provincial. Ese día se supo, cuando lo reveló Página Judicial, que lo que se venía era un vendaval que solo un piloto de tormenta podía amortiguar el golpe.

Ese día fue secuestrada información valiosa de las oficinas de Pedro Opromolla, Guido Krapp, Nicolás Beber y compañía; ubicadas en calle Misiones, entre Uruguay y Rosario del Tala. Y también de las de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda de la Federación y Córdoba. Fue el inicio del escándalo. La trama había tenido su primer capítulo el 20 de septiembre cuando policías advirtieron que tres personas extraían dinero con varias tarjetas en un cajero del Bersa de calle Alsina. Fueron allanadas en sus domicilios y a partir de allí empezó la película.

En las audiencias se reveló información delicada que atraviesa a todo un poder del Estado. Está por verse qué dinero se desvió a través de contrataciones leoninas de la Cámara de Diputados y el Senado en la última década. Es decir desde 2008 -2018. Sin embargo, la investigación que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry hizo un recorte en Diputados, donde la pesquisa arranca desde el 2011. Esa edición de la trama en ese cuerpo legislativo dejó afuera al período que tuvo a Jorge Busti como presidente. En la Procuración General se dijo sin que nadie se ponga colorado “que no hay información” sobre esos años. Aclaración: no es que no hay información que aporte a la investigación, no hay literalmente documentación. Desapareció. Página Judicial dio cuenta de la existencia de un acta que generó ruido en el ámbito político, en oficialistas y opositores, pero prefirieron que el tema quede en las mesas de café y alguna peña.

En los primeros debates para tratar las prisiones preventivas de los tarjeteros, Bilbao, Faure y el director administrativo del Senado Gustavo Pérez, se puso sobre la mesa un dato inquietante: la relación entre el marido de la entonces coordinadora de la causa, la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, y uno de los imputados. Se trataba de un departamento que el contador Sebastián Orlando tenía con Opromolla. La publicación en El Diario y Página Judicial mereció una teoría por parte de Goyeneche, quien encontró en abogados defensores y periodistas a integrantes de una “banda mafiosa” que lo que pretende es frenar la causa que, en boca de los fiscales, hay prueba suficiente para llegar a la pináculo del poder en la provincia. Esa versión, la de conspirar contra los fiscales, fue apoyada por colegas comunicadores.

Días después se conocieron correos electrónicos entre Orlando y el estudio Integral Asesoría que integra Opromolla y meses más adelante cuando los fiscales decidieron embargar a los imputados Goyeneche tuvo que dar un paso al costado porque la medida recaía sobre un segundo inmueble con Opromolla, pero ahora la propietaria era ella no su marido. Todos esos elementos surgieron del legajo y de los allanamientos, no de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Los mismos

En la calurosa siesta del 15 de diciembre Aramberry y Yedro dijeron al unísono que se estaba ante, apenas, “los pies” del monstruo. Era el argumento para sostener las prisiones preventivas de Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Bilbao y Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera). Los otros administrativos imputados pero sobre quienes no recayó la prisión preventiva son Juan Domingo Orabona y Sergio Cardoso; además de Opromolla y Krapp, sobrevivientes a las instalaciones de la Unidad Penal.

En esa audiencia, los integrantes de la Ministerio Público Fiscal, dieron a conocer un informe solicitado al Bersa que consta en el legajo. Dejó un dato estremecedor: Almada cobró 112 millones de pesos en el período comprendido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018. O sea, seis millones y medio por mes. ¿El dinero quedó para el joven Almada o se repartió? ¿Dónde está ese dinero? ¿Más de 100 millones de pesos en un año y medio cobrados por una persona sin que una sola autoridad política, que tienen la responsabilidad de ejecutar un presupuesto (autorizar o negar pagos) se haya dado cuenta?

En el legajo se incorporó el decreto 123 de 2008 firmado por el entonces vicegobernador José Eduardo Lauritto, donde se establece un procedimiento de contrataciones y donde se especifica que “es el Presidente de la Honorable Cámara de Senadores quien autoriza mediante decreto la contratación, vale decir, el Vice-Gobernador”. Esa norma, escrita, bien puede correr para la Cámara de Diputados, donde tampoco aparece una sola autoridad política imputada. ¿Quién es el responsable, en definitiva, de ejecutar y dar cuenta del gasto del presupuesto destinado a la Legislatura? ¿Sólo los administrativos? ¿Son ellos quienes deciden quiénes prestan servicios en el Poder Legislativo?

Pasaron los meses y por los tribunales dejaron sus testimonios legisladores de todas las fuerzas. La Legislatura aportó documentación requerida, aunque a cuenta gotas según los fiscales. En un cuerpo meramente político ninguno de los integrantes ha sido incomodado. Hay un disco rígido ofrecido por una de las defensas que de conocerse, las principales figuras políticas de la actualidad deberían estar detenidas por su capacidad de obstrucción en la investigación. Esa información fue ofrecida oportunamente a la Procuración, quedaron en llamar en caso de que les interesa. Ahí quedó la inquietud. En suspenso.

Mientras se resuelve una pericia contable para ver cuántos son los millones (se estiman 2 mil) que finalmente se desviaron de un poder del Estado, en los tribunales se dijo que la causa está en condiciones de remitirse a juicio. Los imputados que deberán sentarse en el banquillo son tarjeteros, contadores y administrativos de las cámaras parlamentarias. Los mismos cuyos nombres se escucharon en diciembre del año pasado. Los mismos que serían según la fábula los “pies del monstruo”, cuya cabeza no está solo en Casa de Gobierno, sino también en los tribunales.