“Con un fuerte abrazo al compañero intendente Juan Carlos Darrichón, comparto este documento que me hacen llegar los compañeros y compañeras del Consejo Departamental Partido Justicialista Diamante”, publicó en redes sociales el titular del Enohsa, Enrique Cresto.
De esta manera, el excandidato del Frente de Todos sumó su voz al debate que se instala por las dilaciones de la Justicia en distintas causas. Se ha denunciado el impacto que esta situación tiene en el escenario político por la existencia de dirigentes “a la parrilla”. El tema volvió a salir a flote el 15 de febrero pasado cuando el Gobernador, ante la Asamblea Legislativa, fue polémico en su crítica al funcionamiento de algunos aspectos de la Justicia: “No es correcto que se politice la Justicia”, dijo.
En su mensaje, Gustavo Bordet anunció –además de la creación de la Fiscalía Anticorrupción tal como la manda la Constitución provincial– la presentación de un proyecto de reforma al Código Procesal Penal que contemple esta situación.
Fundamentó la necesidad de tal reforma al decir que “hay causas que demoran muchos años y que están en una suerte de limbo jurídico. Algunas cinco o seis años, y no se archivan ni desestiman, pero tampoco se las eleva a juicio. Hay que corregir esta situación porque vulnera el legítimo derecho de defensa”.
La causa contra Darrichón, que fue intendente también entre 2003 y 2011, tramitó durante 12 años por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El expediente judicial se inició con una denuncia de concejales del radicalismo en 2007, ante el pago de salarios a los trabajadores sin el correspondiente aporte previsional a la Caja de Jubilaciones municipal. El expediente también alcanzó y tuvo igual resolución final en el caso de Héctor Zapata, quien ocupaba la Secretaría de Hacienda al momento de los hechos investigados.
El PJ de Diamante destacó que “la Justicia estableció que la administración de Juan Carlos Darrichón y Héctor Zapata no era cuestionable en la causa de la Caja Municipal”.
“La decisión judicial se basó en la certeza absoluta de la inexistencia de responsabilidad penal de quienes, en representación del Justicialismo local, cumplían las funciones de Intendente y Secretario de Hacienda Municipal”, repasó el documento del PJ local que expresó su “solidaridad con los funcionarios afectados por la campaña de rumores falsos e inexactitudes proferidas, el sufrimiento familiar y todas las vicisitudes padecidas en este tiempo; entre las cuales vale citar las numerosas operaciones mediáticas o de redes sociales para mantener el estado de sospecha permanente”.
Para el PJ, que rescató la iniciativa de Bordet de promover los cambios al CCP, “el método de ensuciar mediante denuncias sin sentido para lograr sacar una ventaja electoral (en 2009, a instancia de la UCR) no representa otra cosa que la degradación política que terminan simbolizando los responsables de promover tales prácticas”.
Fuente: Página Política
