Parece que ha llegado el momento de crear la Fiscalía Anticorrupción como lo manda la Constitución desde el 2008. Hace 14 años se evita darle trámite legislativo pese a que hubo proyectos. En la gestión anterior se presentaron dos iniciativas, una del diputado justicialista Gustavo Zavallo; y la otra de su par por la UCR, Jorge Monge. Se iban a unificar los textos, pero fueron habladurías, como otras tantas cuando se pretendió avanzar en ese sentido.
Gustavo Bordet anunció en una entrevista en diciembre con Página Política que avanzará con la creación del organismo que debe funcionar en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Según supo este medio, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, está trabajando en un proyecto de ley.
La Procuración General es una de las estructuras que ha crecido como ninguna en el seno del Poder Judicial. Ese crecimiento está atado a la implementación del sistema acusatorio y las unidades especializadas, como en materia de género. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, no apareció en todos estos años como una necesidad por parte de los tres poderes del Estado. La Ley Orgánica del Ministerio Público, sancionada en 2015, por ejemplo, no habla de la figura del fiscal anticorrupción.
No obstante, en agosto del 2018, el procurador Jorge García creó por resolución un órgano especializado en la investigación y acusación de delitos contra la administración pública y designó a Cecilia Goyeneche como coordinadora hasta tanto se realice el concurso correspondiente. Que es lo sucederá ahora.
La procuradora adjunta asumió el cargo y meses después, en rigor el 3 de octubre, Página Judicial reveló el comienzo del entramado de la causa sobre los contratos truchos en la Legislatura. Ese día se allanaron los estudios contables que serían parte de la estructura delictiva por la que se fraguaban fondos de las cámaras. Uno de los buffets comprometidos era el de Pedro Opromolla, socio de Goyeneche, motivo por el cual tuvo que dar un paso al costado de la investigación y hoy enfrenta un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento.
El cargo de coordinadora o fiscal anticorrupción que le otorgó García lo siguió ejerciendo en la práctica.
Ahora hay una decisión gubernamental de reglamentar el artículo 208 de la Constitución que crea el cargo de fiscal anticorrupción. El mismo deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura.
La carta magna establece que “la Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido”. Por eso la necesidad de crear cargos para contadores y técnicos informáticos que colaboren en la investigación de causas que suelen ser complejas. La espera de los resultados de los peritos suelen ser el motivo por el que un legajo se estanca meses y hasta años. Designar el fiscal, pero sin estructura, no tiene sentido.
La creación de la Fiscalía Anticorrupción quizás la anuncie el Gobernador ante la Asamblea Legislativa este martes. Quizás no. La redacción del proyecto ya está en marcha.
Fuente: Página Política
