Distintas organizaciones políticas lamentaron que se haya quitado de programación el programa “Aire de todos”, que conducía el periodista Nicolás Blanco, de 14 a16 por la radio estatal LT14.
El partido Movimiento Proyecto Sur de Paraná responsabilizó al director de la emisora estatal, Juan Carlos Bettanín.
La fuerza repudió también esta medida, porque “atenta en general contra de la libertad de prensa que es, incuestionablemente, un instrumento esencial de la vida republicana”.
Proyecto Sur – manifestaron en un comunicado enviado a Página Política – “ha sido muy crítico de las empresas periodísticas que transforman a la información en mercancía y en elemento de presión para sus propios intereses, pero más grave aún, es la manipulación política por parte delos gobiernos, ya que se vale de instrumentos públicos sostenido por todos los contribuyentes”.
“La censura se ha vuelto una constante en LT14 y en muchos otros medios de la provincia incluidos muchos privados”, apuntaron desde la fuerza. Y agregaron: “Se busca reemplazar el periodismo por la propaganda oficialista”.
“Sería lamentable que este sea el corolario de una larga lucha por la democratización de la comunicación social”, apuntaron, para terminar pidiendo la restitución de Blanco.
Periodismo y oficialismo
Desde el Frente Entrerriano Federal manifestaron su “más enérgico repudio” a la acción llevada adelante por directivos de la radio”.
La diputada provincial Rosario Romero sostuvo que “esta situación pone de manifiesto la preocupante política desarrollada en ese y otros medios de la provincia, en la que si los trabajadores de prensa quieren hacer periodismo y no oficialismo, son separados de su trabajo”.
En el comunicado de la secretaría de Prensa de la CTA Paraná apuntaron que “la libertad de informar y de informarse es un Derecho Humano fundamental para la democracia, que los gobernantes electos deben hacer comprender y respetar a sus funcionarios”.
Para la Unión de Trabajadores de la Comunicación de Entre Ríos (Utcer), los altos niveles de informalidad que padecen día a día los trabajadores de la comunicación, “también comprenden a las empresas que maneja el Estado, quien paradójicamente, debería ser ejemplo de legalidad y agente promotor del cumplimiento de los derechos de sus empleados”.
