Ya en el año 2022, el senador provincial Rubén Dal Molín cuestionaba la pasividad del gobierno peronista para exigir los excedentes de la represa de Salto Grande. Afirmaba que el entonces gobernador Gustavo Bordet tenía que “modificar su rol de comentarista” con relación a Salto Grande. Dos años después, ratifica que en la defensa de los intereses de la provincia “las ideas deben plasmarse y realizarse, sino terminan siendo solo eso: palabras”.
En relación a la nueva presentación judicial realizada por el gobernador Rogelio Frigerio reclamando, en esta instancia, 175 millones de dólares, el legislador radical valoró que se trata de una medida que “debimos realizarla hace muchísimo tiempo”.
“Es evidente que tenemos un gobernador con una actitud completamente distinta en cuanto a su relación institucional y la defensa de los derechos entrerrianos, aún en contexto de delicados equilibrios financieros y la dependencia que tenemos del gobierno nacional. Esta matriz de dependencia debemos modificar, y en eso mi compromiso”, remarcó.
Dal Molín explicó que la nueva demanda es por “recursos menguados por medidas el gobierno nacional que perjudicaron a todos los entrerrianos, primero por caída en la inversión pública del organismo, pero lo que es peor, desde 2018 el tesoro provincial aporta un promedio del 35% del total de las erogaciones de CAFESG”.
Y elaboró los siguientes cuadros sobre el derrumbe de las tarifas percibidas por la energía generada en la represea y la consecuente desaparición de los excedentes:
Fuente: Página Política