Los integrantes del bloque de diputados provinciales de la UCR le solicitaron al Poder Ejecutivo que brinde precisiones acerca del contenido del memorándum de entendimiento celebrado entre el gobierno provincial y China para la ejecución de dos acueductos en el norte entrerriano.
En la solicitud fue presentada en la Cámara de Diputados, requirieron saber, entre otros puntos, “si es verdad que el acuerdo celebrado somete la jurisdicción y la ley aplicable al derecho y los tribunales ingleses” y cuáles son las razones que esgrime el gobierno provincial para mantener el Contrato de Obra Pública para la ejecución de las obras “Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas” y “Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico”, bajo condiciones de “confidencialidad y secretismo”.
El proyecto a desarrollarse mediante la creación de dos acueductos ya recibió críticas de entidades civiles y ambientalistas. La iniciativa tiene media sanción del Senado.
En la iniciativa, los legisladores Antonio Julián Rubio, Agustín Federik, Felicitas Rodríguez, Fuad Sosa, Jorge Monge y Pedro Ullúa, preguntan “si existe expediente administrativo que haya evaluado el impacto ambiental de las mega-obras, cuya ejecución se autoriza en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y con media sanción del Senado”.
Asimismo quieren saber “cuál ha o han sido el o los entes que se han encargado de dictaminar técnicamente sobre la viabilidad de la obra, la evaluación del impacto ambiental y las proyecciones de recupero de los millones invertidos” y “si es cierto que los acueductos en cuestión recibirán el financiamiento de agencias estatales chinas y, en su caso, cuáles son esas agencias y cuál es el plazo de devolución y el interés que se aplicará sobre el monto del préstamo de 430.387.551 de dólares”.
Finalmente interrogan “si los convenios en cuestión fueron supervisados y controlados por la Fiscalía de Estado o –en su caso- si dicho órgano de control autónomo ha tenido intervención en el proceso y, en su caso, cuál ha sido su dictamen acerca del contenido, constitucionalidad y legalidad de las operaciones a efectuarse para la concreción de las obras”.
