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Dudas y expectativas sobre el proyecto de narcomenudeo

Un diputado oficialista quiere convocar a un especialista que se ha manifestado en contra de la desfederalización de la competencia penal en estos temas. En el STJ están dispuestos a avanzar con el texto del Ejecutivo.

Hace dos semanas el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para la adhesión parcial a ley nacional de desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes, como un intento por frenar el avance de estas estructuras. Es lo que se conoce como narcomenudeo.

Sin tratamiento en comisión, aunque se había analizado otro proyecto durante seis meses en ese ámbito, el Senado dio media sanción al texto. Fue en un contexto complicado con hechos concretos y de reputación mediática. Incluso más allá de los barrios periféricos de Paraná.

Una reunión en sede judicial la semana pasada y de la que participaron el ministro de Gobierno Adán Bahl; el jefe de la Policía, Héctor Massuh; y los más altos funcionarios del Poder Judicial; fue el espacio propicio para que cada una de las partes reconociera el avance de este flagelo.

Con la ley, el gobierno pretende asumir la persecución del narcomenudeo y para eso busca “tener una mayor capacidad operativa a través del trabajo de la Policía y los operadores judiciales de la provincia en las tareas de investigación, órdenes de allanamiento y el proceso primario de investigación”, para luego elevar las actuaciones a la Justicia Federal, según las explicaciones de Bahl.

El proyecto establece que las fiscalías provinciales asumirían las investigaciones cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; la siembra o cultivo de plantas cuando por la escasa cantidad surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal o cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito; y los casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal.

De acuerdo con el proyecto oficial, “el Ministerio Público Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías todas aquellas medidas de pruebas tendientes a la detección y desarticulación de la trama de comercialización de pequeña y mediana escala, con la finalidad de acumular evidencias que nutran una futura acusación y juzgamiento”. Luego “la causa será remitida al fuero federal de la jurisdicción que corresponda a los fines de la continuidad del trámite”.

Abrir el juego

La iniciativa- con media sanción – no se aprobaría con la misma rapidez en la Cámara de Diputados. El texto pasará a comisión en la próxima sesión que se llevará adelante el martes, según se adelantó a Página Judicial. No todos en el oficialismo están convencidos con el proyecto. Las dudas se profundizaron y el alerta se activó con las declaraciones de Ricardo Álvarez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Fueron contundentes: “No he conocido una experiencia semejante donde respecto de un mismo acontecimiento se bifurque la etapa preparatoria, confiada al tratamiento legal de un determinado ordenamiento, como sería la jurisdicción provincial; y una segunda instancia de juzgamiento depositada en manos de una ordenanza procesal distinta, como sería la federal. Esa suerte de mixtura constituye una novedad, cuando no una extravagancia, y no aguardo sino una eficacia dudosa, en el mejor de los casos”.

El diputado oficialista Juan José Albornoz quiere abrir el debate y, para eso, convocará a Félix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) creada por la Procuradora General de la Nación. Con esa apertura están de acuerdo otros diputados del Frente para la Victoria.

El funcionario designado por Alejandra Gils Carbó desaconseja que las provincias tengan competencia sobre drogas.

En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) son más cautelosos. El integrante de la Sala Penal y Procedimientos Constitucionales, Carlos Chiara Díaz, sostuvo que “a diferencia de años o contextos anteriores, la droga está en las provincias y Entre Ríos no es la excepción, por lo tanto se requiere avanzar con una solución”. “Puede haber alguna cuestión de competencia, se tendrá que ver”, reconoció ante Página Judicial. No obstante, se encargó de remarcar que la droga, visto como un delito netamente federal, “es un tema que hay que reverlo”. Sin entrar en polémicas deslizó que las opiniones de Álvarez “estarían desajustadas en relación a la actualidad”.

Chiara Díaz pretende que la Justicia provincial se convierta en una especie de “boca de expendio” para tratar casos de droga menores y, de esa manera, colaborar con la jurisdicción federal.

El tema más preocupante – para el vocal- no es el recurso humano (más fiscales, policías o jueces), sino el sistema carcelario. Aseguró que se está al límite y esto sí atenta contra el proyecto del Poder Ejecutivo.

En la próxima semana se estaría llevando adelante otro encuentro entre autoridades del gobierno y la Justicia para abordar el tema.

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