Gustavo Bordet tiene por delante un año del que ya ha dejado trascender cuáles son las prioridades. Cómodas e incómodas.
Entre las primeras aparece la reforma política, una iniciativa que quedó trunca en el marco de la interna que el Gobernador mantuvo con Sergio Urribarri durante su primer mandato y que la Embajada de Israel, en las últimas semanas, cerró. Un nuevo marco electoral sería un primer paso para hacer frente a otra deuda de la política: la renovación y la trasparencia.
El proyecto que quedó trunco tenía como columna vertebral la boleta única papel (BUP) y la equidad de género. Desde el oficialismo se había dejado la puerta abierta para que la oposición aporte un proyecto en torno al financiamiento de los partidos políticos, tema clave y que Entre Ríos tuvo en los últimos dos años dos tragedias institucionales que se dirimen en los tribunales: el caso de narcotráfico por el que condenaron a Sergio Varisco; y la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura.
Sin bien Entre Ríos aparece con una calificación al tope del ranking de transparencia presupuestaria que elabora anualmente la empresa “Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento” (Cippec), que ha trabajado con el PRO y el Instituto Patria, la provincia carece de una Ley de Ética Pública y Oficina Anticorrupción.
Bordet anunció en buena parte de la campaña en la que fue reelegido que la reforma política es una prioridad y en su asunción sumó la reforma judicial como otro de los temas urgentes. Avanzar con ambas sería un salto institucional considerable. Se amplió (democratizó si se quiere) el ámbito donde se resuelven los amparos pasando de 3 a 5 vocales. Quedaría revisar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, cuestionado por el verticalismo que le otorga la ley y recae en una sola persona, el procurador.
Trago amargo
La reforma previsional empieza a aparecer en la voz de funcionarios y legisladores de peso. El propio presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, viene diciendo sobre la necesidad de revisar el sistema previsional. Lo que antes, en gobiernos de Jorge Busti y Urribarri, explicaba en off de record, ahora lo dice en declaraciones a la prensa. Sostuvo que en Entre Ríos se está jubilando mucha gente, en rigor generaciones de trabajadores que ingresaron en la era democrática, y el crecimiento de los aportantes es muy lento. En números: durante 2019 los beneficiarios crecieron en un 6% mientras que los trabajadores activos del Estado aumentaron entre un 0,4% y un 0,6% anual. El aumento de la edad jubilatoria es la herramienta más a mano que tienen quienes estudian el tema. Esa cláusula amarga puede llegar a tener como antibiótico una reestructuración de las jubilaciones de privilegio. En todo eso se está trabajando. Las conducciones de los gremios estatales darán la pelea. Hace años vienen ganando batallas que consistieron en sepultar el tema cuando se pretendía instalar en la agenda pública.
El 2020 es un año no electoral, lo que permite transitarlo con menos tensiones en el interior de los partidos y el Gobierno. El 2018 también fue no electoral y sin embargo la reforma política no salió. En el caso previsional es diferente. Esa reforma se la debe enmarcar en un cambio de paradigma o reclamo a nivel nacional a cambio del compromiso del gobierno de Alberto Fernández de asistir a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos para garantizar su sustentabilidad. El proyecto de reforma gira alrededor de los regímenes especiales y privilegios. No hay plata y el Presidente ha decidido blanquear el problema. La creatividad es, hoy, el capital político más deseado de la dirigencia. Se verá.
