El 6 de junio pasado se cumplió un año de la sanción de la ley que previó la creación de la obra social OSER y la disolución del Iosper que tenía a su cargo las prestaciones de salud de estatales, docentes, judiciales, personal policial y jubilados.
En ese contexto, la Asamblea de Afiliados en Defensa del Iosper marcó que el gobierno aseguró que se estaba ante “una nueva etapa” que llegaba para “resolver todo lo que supuestamente estaba mal”. “Nos prometieron mejoras, éxito y eficiencia”, recordó la agrupación conformada en el marco del debate del destino de la obra social.
“Tenemos la responsabilidad ética y el compromiso de alzar la voz. Resistir no es un acto de confrontación, sino el ejercicio legítimo de nuestro derecho a expresarnos, a señalar aquello que permanece oculto y a visibilizar las realidades que el relato oficial, de manera sistemática, elige no mostrar. Es la convicción de no permanecer en silencio cuando están en juego derechos, transparencia y verdad”, expresaron.
Resaltaron que “el Ejecutivo habla de orden” pero que sin embargo “el afiliado vive una realidad marcada por la desazón: demoras injustificadas, rechazos de prestaciones y una burocracia que ha vuelto engorroso el acceso a nuestro derecho a la salud”.
Consideraron inaceptable que se pida paciencia a los afiliados “cuando los indicadores de la calidad prestacional han caído” y se ha visto “un incremento en los coseguros que supera ampliamente a la inflación” y que “muchos fármacos esenciales simplemente han desaparecido del vademécum”.
“Defender la salud es defender la dignidad humana, porque cuando se vulnera el acceso a la atención sanitaria, no solo se afectan servicios, sino también la calidad de vida, la tranquilidad y el bienestar de toda la comunidad”, se apuntó y se hizo notar que las prestaciones de OSER no se enmarcan en “salud pública” sino que se trata de “un sistema financiado por los aportes y contribuciones de los trabajadores del Estado”. “Los afiliados somos los dueños de nuestra obra social. Que el Ejecutivo haya tomado el control de esta caja no le otorga la potestad de degradar el servicio ni de perseguir a quien se atreve a exigir respuestas”, reclamaron.
“¿Quién explica la necesidad de los recurrentes viajes de los afiliados para obtener una cobertura? ¿Quién se hace cargo de que un alto porcentaje de nuestra masa de afiliados, en un contexto de crisis, deba recurrir a créditos asistenciales para pagar un coseguro que hace un año era accesible? Hasta acá llegamos. Estamos cansados de las falacias y de las explicaciones que nunca llegan”, criticó la Asamblea que reclamó “hechos concretos”.
Ante el debate de la reforma previsional, que se inició en la Legislatura de la provincia, la asamblea se preguntó: “¿Seguiremos delegando nuestro futuro sin cuestionar las medidas? La defensa de nuestros derechos comienza cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en protagonistas de nuestro propio destino”, convocó la organización.
Fuente: Página Política
