El laberíntico sistema previsional de Entre Ríos hace que su explicación se reduzca al intento de narrar en grandes rasgos la crisis por la que navega. 

El Gobierno trabaja en una reforma que prefiere caracterizar como consenso. Lo que propone es llevar adelante un “consenso previsional” acordado por todos los actores.

El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, inició una ronda de consultas en las que hizo saber cuáles son los puntos a reformar luego de un trabajo que circula en algunos ámbitos, entre ellos los periodistas. Allí se puede leer en números el cuadro de situación y cómo varió, según las circunstancias. 

El crecimiento del déficit, inapelable por los números, está en el monitor de los gremios que reconocen que en esta dirección, en un par de años, el sistema directamente volaría por los aires.  

Bagnat no rezonga con las gestiones anteriores y prefiere no echar culpas, pero se jacta -como todo el Gobierno- de haber sido el primero en presentar una demanda judicial para reclamar deuda al gobierno nacional que ya tomó intervención la Procuración General de la Nación. 

Mientras tanto, impulsó reformas en el seno del organismo al que califica de vetusto o, por lo menos, inadecuado para el devenir de la Caja. Se intensificó la digitalización, las auditorías, las áreas de control y los cruces de datos. Por ejemplo, se logró recuperar 94 millones de pesos entre devoluciones por fallecimiento, cambio del estado civil, devolución de la complementaria docente y recupero de deudas con las cajas previsionales municipales. 

Cuando el presidente de la Caja pasa a los gráficos se advierte que la baja del déficit o el momento en que se detuvo la sangría fue durante la pandemia, precisamente cuando operó la ley de emergencia que se promulgó por un año. Es interesante repasar qué implicaba aquella norma para pensar qué se puede hacer en el plano de las reformas. El incremento de alícuotas del sector activo aparece en el primer plano. Luego algunas modificaciones sobre los regímenes especiales, de los que hay más mito que realidad sobre el impacto en el presupuesto de la Caja.  

Los gremios y el Gobierno han trazado una especie de núcleo pétreo implícito en el que el 82 por ciento móvil y la edad jubilatoria no se tocan. Los diálogos con los bloques políticos ya están en marcha. 

Hay un punto que Bagnat repite en varias oportunidades. Refiere a la ley 8.732, en su artículo 12, que prevé “el aporte personal que se efectúen como descuento en un porcentaje que fijará el Poder Ejecutivo sobre el haber jubilatorio de aquellos afiliados que accedan al beneficio de jubilación ordinaria especial o por edad avanzada, hasta tanto cumplan con los requisitos fijados en esta ley para acceder a la jubilación ordinaria común, momento en el cual cesarán dichos aportes”. Esto no se está aplicando. Una de las facultades que tiene el Ejecutivo es fijar una alícuota por decreto para un determinado sector. 

En la actualidad los aportantes son 118 mil, cuyo 90 mil dependen de la administración central. Del total de jubilados a diciembre de 2023, el 27 % tienen apenas entre 41 y 50 años; y otro 36% de ese total se ubican entre los 51 y los 60 años de edad.

El mundo se detuvo y la pandemia parecía ser una plataforma para rediscutir sistemas de gestión y reformas, pero poco de eso sucedió. La Argentina, en la actualidad, se encuentra en un momento sociológico y cultural inédito. Una mayoría, incluso la clase trabajadora, está dispuesta a ceder. Lo muestran los trabajos de opinión pública y lo ratifican los comportamientos de sus representantes. 

Fuente: Página Política