Desde la Casa Gris sostienen que la difusión previa del requerimiento buscó instalar sospechas y condicionar el debate por una eventual reforma previsional. Por eso, el Gobierno buscó fijar agenda con un descargo que apela a la transparencia y a la crítica de “años sin controles”.
A mitad de semana, senadores del bloque del Partido Justicialista de Entre Ríos informaron sobre la presentación un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que brinde detalles sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y los acuerdos suscriptos con el Estado Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La respuesta oficial enumeró gestiones ante el Estado Nacional, auditorías técnicas, convenios de financiamiento y acciones para recuperar recursos adeudados.
Como dato central, el Ejecutivo afirmó que en 2024 y 2025 la Provincia percibió cerca de 74.000 millones de pesos por financiamiento previsional nacional, en el marco de acuerdos con ANSES. La gestión lo presentó como evidencia de transferencias reactivadas y ampliadas.
En control interno, informó auditorías cerradas de 2017–2020 y una auditoría técnica en curso de 2021. El oficialismo insiste en que sin esos informes no hay base para cuantificar el reclamo ni sostener la estrategia administrativa y judicial.
Además, confirmó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES, iniciada en abril de 2024. El monto estimado asciende a 154.606 millones de pesos, aunque la Provincia aclara que la cifra puede variar según los resultados finales de las auditorías.
“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye el documento enviado al Senado provincial.
Fuente: Página Política


