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El inoxidable

Doce años al frente de la Fiscalía de Estado. Sus relaciones con el Poder Judicial y la política. Un hombre al que escucharon gobernadores peronistas y un radical, partido del que proviene.

Hace unos días Julio Rodríguez Signes posteó en su Facebook su propia efeméride. Cumplía 12 años al frente de la Fiscalía de Estado. Solo el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, lo emparda en años estando al frente de un organismo estatal de relevancia. Diego Valiero pegó en el palo. Fue ministro de Economía durante la tercera gestión de Jorge Busti y la primera de Sergio Urribarri.

A pesar de que la Constitución provincial preveía la estabilidad en ese cargo mucho antes de la reforma de 2008, los fiscales de Estado, funcionarios sensibles, fueron cambiando con las gestiones. Defienden el erario público, lo que los mantiene en una relación permanente con el Poder Judicial. Claudia Mizawak, su antecesora, terminó de hecho en una vocalía en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Rodríguez Signes supo estar en boca del círculo rojo cada vez que se sucedía una vacante en el alto cuerpo judicial. “Ni loco”, era la respuesta que solía dar cuando su nombre aparecía en supuestos borradores de candidaturas.

El fiscal de Estado tiene buena relación con buena parte de la comunidad judicial. Enfrente tiene amigos, uno de ellos, es el procurador general, Jorge Amilcar Luciano García. Se respetan mutuamente y comparten el gusto por el básquet.

Fue designado por Urribarri, quien se jactó de llevar a ese lugar a un radical. Rodríguez Signes fue militante activo del centenario partido entre 1982 y 2002, lo que le valió una presidencia de la Juventud Radical, una concejalía y una diputación. Presidió la Cámara de Diputados durante el segundo gobierno de Sergio Montiel, con quien se enfrentó. Primero fueron por los bonos federales, luego la represión de la Policía que terminó con los asesinatos en el fatídico 20 de diciembre de 2002. Ese año se intentó desbancar a Montiel con un juicio político. Rodríguez Signes debía votar en caso de empate, cosa que no ocurrió. De haber tenido que hacerlo, era por la positiva.

Dos años antes, desde su banca y en sintonía con el gobernador radical, votó la ley conocida como “renta vitalicia”, que tenía como objetivo jubilar a una mayoría peronista en el STJ que tenía a maltraer a Montiel. Se le adjudica ser el autor de la sigla “la CCC”, en referencia a los vocales Carlos Chiara Díaz, Omar Carubia y Miguel Carlín.

Otro atuendo

Cuenta la anécdota que una vez caminando por calle Córdoba se detiene un auto y desde la ventanilla le anuncian que lo convocarían a formar parte del gobierno. Era Urribarri. “Comprate un traje, porque te venís con nosotros”, fue la invitación, palabras más palabras menos. Una semana después el pliego estaba en el Senado.

Ya en la gestión, se obsesionó con el recupero de tierras fiscales, sobre todo en las zonas ribereñas. Planteó la nulidad de ventas de islas en cuanta oportunidad tuvo hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Escalada”, donde el máximo tribunal terminó por darle la razón. La recuperación de islas se contabiliza en miles de hectáreas que se actualizan con el tiempo y el avance de los litigios aún en trámites.

A su cargo está la defensa en juicio de la Provincia en alrededor de 7000 casos. Quizá los más relevantes fueron la defensa contra la demanda de la provincia de Buenos Aires por los fondos del Conurbano, en la época de María Eugenia Vidal. Rodríguez Signes ha dicho que fue el juicio más importante de la historia de Entre Ríos en términos económicos. El triunfo ante la Corte cuando se hizo lugar a una medida cautelar contra el gobierno nacional por impuesto a las ganancias y el IVA, demanda que fue seguida por otras provincias, ratificó su lugar de asesor jurídico de Gustavo Bordet. Con el correr de los años esa relación se fue afianzando. En los inicios, en esas lídes primaba la opinión del legendario secretario Legal y Técnico, José Gervasio Laporte, que durante el urribarrismo transitó en un profundo anonimato.

Rodríguez Signes dice a sus íntimos tener mucho más para dar en la Fiscalía de Estado. Ahora trabaja en la idea de constituir la Región Hidrovía con Santa Fe, Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco. Cree que el futuro económico está ahí.

De tribunales y periodistas

Cuando las causas de corrupción en la gestión de Urribarri comenzaron a salir a la luz, Rodríguez Signes encarpetó todo lo atinente a las investigaciones que se abrieron. En algunas ha sido convocado como testigo.

En una de ellas, en rigor la que investiga la organización de la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, apareció mencionado en una testimonial. Rápido, presentó un escrito de manera voluntaria para aclarar lo que había transcendido en los medios. En el tramo final del año pasado se constituyó como actor civil en la escandalosa causa de los contratos truchos en el Senado.

Con los periodistas cultiva una buena relación. No es mediático, pero atiende el teléfono. Sea en on u off. Una vez, este cronista publicó una nota en el que cuestionaba una discrecionalidad en la derivación de juicios por parte de la Fiscalía de Estado a determinados abogados. Rodríguez Signes llamó para dar su explicación. No se enoja, pero llama. No las esquiva.

En otra oportunidad se polemizó por incompatibilidades en el Estado. Rodríguez Signes explicó por qué podía ser fiscal de Estado y síndico de Sidecreer. El entonces presidente del STJ, Emilio Castrillón, se refirió a los ingresos del fiscal de Estado por tener esos cargos. El funcionario no quiso polemizar. “No voy a discutir de ninguna manera en forma pública con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, porque creo que la relación con el Superior Tribunal de Justicia es una relación que debe ser muy prudente y se tiene que hacer por los canales correspondientes”, se limitó a decir ante la consulta.

No tiene previsto dejar la gestión. Hace años se mantiene alejado de las internas de pasillo o de la política de comité. La regionalización de la hidrovía lo convierte en monotemático. En su momento pensó que Entre Ríos, como marca la Constitución, debería tener un banco provincial.

Hace 12 años que es fiscal de Estado. Ese lugar le permitió juntar el derecho y la política. Seguramente otro hubiese sido su destino si seguía su primera idea: la de ser ingeniero.

Primera nota de una serie de perfiles que Página Política irá publicando en un espacio llamado “En foco”.

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