José María Chemez es el juez que intervendrá en el juicio abreviado que debe refrendar el acuerdo en el que José Ángel Allende reconocerá los delitos de enriquecimiento ilícito, violencia de género y amenazas, producto del Black Friday que la Procuración General ofreció y el ex diputado aceptó, dichoso. También se desprenderá de bienes mal habidos, lo que le permitirá disfrutar de otros, en libertad. En un acto excepcional- supo Página Judicial – Chemez constituiría un tribunal, cosa que no ha sucedido, con Alejandro Cánepa y Carolina Castagno. Para no ser el único en firmar. Habladurías en los tribunales.
Chémez es un hombre de perfil extremadamente bajo. No habla con la prensa y tampoco se le conoce cercanía con comunicadores. Incluso es hasta imposible encontrar una foto suya en el archivo de Google. Se dirá que habla por sus sentencias.
Tiene una trayectoria –por lo menos la que se conoce- impecable. Sus colegas en tribunales lo atestiguan. Los abogados que litigan en el fuero penal también.
El vocal supo ser fiscal cuando el sistema acusatorio en Entre Ríos era una promesa. Sin embargo, Chemez supo tener visibilidad mediática en juicios de interés públicos vinculados a la corrupción.
Como integrante de la parte acusatoria, fue el fiscal en la causa por enriquecimiento ilícito del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. Chemez solicitó en esa oportunidad una condena de cuatro años de prisión efectiva, pero el tribunal la bajó a tres condicional. El triunvirato lo integraban los entonces camaristas Jorge Amilcar Luciano García, Silvia Nazar y Raúl Herzovich. Ese juicio, que se realizó en 2006, terminó siendo motivo de una presentación por parte del condenado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hizo lugar a observaciones planteadas.
Ese año Chemez también fue el fiscal que solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva para Oscar Horacio Mori en la causa Aciser, en la que se lo acusó por la malversación de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un valor total de 965.000 dólares que habrían sido utilizados para la campaña proselitista del PJ de 1997. El tribunal integrado por García, Herzovich y Hugo Perotti también le dio tres años de presión condicional.
En la vocalía reemplazó a Felipe Celli luego de que este se jubilara, en los albores de la tercera gobernación de Jorge Busti.
Chemez planteó su excusación para participar del tribunal encargado del juicio por el secuestro y desaparición de la adolescente Fernanda Aguirre por haber actuado en una parte del proceso. En rigor en las apelaciones a la excarcelación de Raúl Monzón y Mirta Cháves.
En 2012 Chemez, como integrante ahora de la Sala Segunda de la Cámara del Crimen de Paraná, condenó a Félix Abelardo Pacayut a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo en el juicio en el que se encontró culpable al ex senador de haberse apropiado de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy. El tribunal lo completaban Perotti y Daniel Malatesta. Los fiscales María Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo habían solicitado una pena de siete años y ocho meses de prisión efectiva.
Excepto en el caso Mori, en todos los demás la defensa estuvo a cargo del estudio jurídico de Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.
Allende deberá entregar bienes que la Procuración General entiende que obtuvo ilícitamente del Estado y se le aplicará una pena de 2 años y 8 meses, cercano al mínimo que establece el Código Penal en el delito de enriquecimiento ilícito, que es de 2 años y el máximo de 6. Los 8 meses restantes se dividirán, aparentemente en las penas correspondientes a las causas de violencia de género que pesa contra el ex diputado por haber agredido a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado una pena de dos años. La oferta que agarró Allende, en época de pandemia, no es nada despreciable.
