Si algo ha prosperado en el marco de las instituciones del Estado, en los tres poderes, son las áreas de comunicación. Es difícil no encontrarse con un asesor o comunicador dispuesto a dar información a la prensa.
En el Poder Judicial de Entre Ríos el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene su organismo de información y el Ministerio Público de la Defensa acaba de incorporar al periodista Alfredo Hoffman, quien diariamente acerca información que las autoridades judiciales consideran relevante para el interés público.
El Ministerio Público Fiscal – como organismo que tiene el monopolio de la persecusión penal en el territorio provincial -no tiene un área a la que se pueda recurrir para obtener información o realizar una consulta. Todo queda supeditado a la relación que un periodista pueda tener con un integrante del organismo. Se trata de una práctica habitual que no merece una observación, pero sí una notable desigualdad entre trabajadores de prensa. Sobre todo en el interior, sobre causas que tramitan en la capital provincial. Pero también viceversa.
No es que el MPF no tenga intenciones de comunicar. Todo lo contrario. Lo hace, y muy bien, pero de manera tercerizada. Con comunicadores afines a la política criminal del organismo.
El derecho al acceso a la información está previsto en la ley 11.191, que establece plazos, criterios y obligaciones concretas para que los organismos provinciales no solo respondan a pedidos de información, sino que publiquen de manera activa sus datos, presupuestos, actos administrativos y contratos.
El Ministerio Público Fiscal tiene un sitio (www.mpf.jusentrerios.gov.ar). En la ventana de “autoridades” parece no haber una actualización. Jorge Amilcar Luciano García figura como procurador general, mientras que sus adjuntos son César Ariel Cesario y Mónica Elizabeth Carmona. La doctora Cecilia Goyeneche ya fue reincorporada administrativamente por resolución 140-2025 del procurador, sin embargo no aparece cuando ya transita las fiscalías a diario.
En el link “corrupción” hay tres opciones: “causas en trámite”, “casos relevantes” y “sentencias”. Allí uno se encuentra con toda una galería de dirigentes justicialistas que están siendo investigados y los que ya obtuvieron sentencia. En los legajos que están en trámite, a simple vista, faltan dos. El de Juan Domingo Zacarías, investigado por enriquecimiento ilícito, causa por la que tuvo que dar un paso al costado del EPRE; y la investigación a los interventores de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) Mariano Gallegos y Ricardo García, por los presuntos delitos de abandono de persona, sobreprecios en compras y contrataciones irregulares. La otra política criminal es ser amistoso con los gobiernos de turno. Gentileza de Página Política: en la primera se espera el resultado de un informe contable; en la segunda se rechazó a uno de los denunciantes, Mariano Giampaolo, como querellante.
El Ministerio Público Fiscal es uno de los organismos que más creció en estructura. Con la creación de áreas específicas, sin embargo la comunicación se decidió por fuera de canales institucionales.
Fuente: Página Política
