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El oficialismo escuchó críticas pero logró la ordenanza

El proyecto de Osuna, con cambios, declara esenciales a los servicios públicos. La oposición consideró que la propuesta no hace falta y constituye “un apriete a los trabajadores”. También hubo críticas d

Los servicios públicos municipales fueron declarados servicios esenciales por una ordenanza aprobada hoy por el Concejo Deliberante. La medida, que incumbe a la recolección de residuos, los trabajos sanitarios de agua y cloaca, el funcionamiento del cementerio, supone un intento de reglamentación de la protesta de los trabajadores, garantizando guardias mínimas en las prestaciones y disponiendo sanciones ante el incumplimiento.

La propuesta del Departamento Ejecutivo tuvo cambios en comisión que apuntaron a poner a resguardo el derecho de huelga, a convenir con los trabajadores el modo de cumplir con las guardias mínimas, a disponer condiciones a los gremios para que notifiquen “en tiempo y forma” las medidas de fuerza y no obstaculicen el cumplimiento de las guardias mínimas.

El debate

Por algo más de dos horas se extendió, exclusivamente, el debate del tema. La oposición, a grandes rasgos y especialmente en la voz de Miguel Rettore (bloque UNEN), denunció que la propuesta tiene un único fin que sería la persecución a los trabajadores”.

Se argumentó que el gobierno de Blanca Osuna, más que dictar una norma, debiera apostar a “acercarse al trabajador, dialogar”, como lo apuntó la edil radical Roxana Villagra, para cambiar una situación de “largo conflicto” con el personal municipal y algunos de sus representantes gremiales lo que ha llevado que “en dos años y medio el gobierno no haya podido prestar eficientemente los servicios básicos”.

Tanto Villagra como Rettore apuntaron al carácter supuestamente innecesario de la norma aprobada y el concejal de UNEN se explayó en un análisis de la Ley Nacional Nº 25.877 que determina cuales son los servicios esenciales en todo el territorio nacional, en un listado exhaustivo que no incluía la recolección de residuos, aunque tal argumento fue rebatido más tarde por el concejal oficialista, Juan Manuel Huss.

En efecto, el artículo 24 de la norma enumera como pasibles de ser considerados servicios esenciales para los que habrá que garantizar “la prestación de servicios mínimos” a “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, la energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo”. En este texto hizo hincapié Rettore y Hus, por su parte, eligió la excepción planteada en el mismo artículo cuando “la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.

“Estamos viviendo un calvario con la prestación de los servicios públicos”, dijo Rettore levantando el tono. “Y le echan la culpa a los empleados, a los que se ha perseguido. Yo no defiendo sindicalistas, defiendo empleados perseguidos. Un gobierno peronista les coarta la posibilidad de elegir a sus representantes”, fustigó el edil que instó a “involucrar al personal para que se ponga la camiseta”.

“Entiendo las peleas internas en el partido gobernante, con la gestión anterior, con un diputado provincial. Pero eso no es culpa de los trabajadores”, dijo hacia el final de su discurso, abriendo la encendida y sulfurada réplica del edil oficialista Orlando Pacífico.

Tras dar lectura a un breve argumento, en el que apuntó que con la ordenanza “se busca la convivencia armónica en la ciudad”, mencionó la necesidad de establecer un “marco adecuado”, de buscar “el equilibrio” y el fin de que se puedan “ejercer derechos sin afectar los servicios esenciales”, Pacífico se salió de libreto.

Montiel y el 2001, en el medio

Levantó la voz para repudiar y asociar a Rettore “al gobierno nefasto del gobernador (Sergio) Montiel”. Señaló a quien entonces era secretario General de la Gobernación para recriminarle que en ese contexto “no defendiera a los trabajadores como los defiende hoy”. “Jamás vi un escrito en el que el concejal rechazara lo que estaba pasando. Nos mataron de hambre, nos asesinaron. Asesinaron a tres personas de 13, 15 y 21 años y aún eso está impune”, dijo en alusión a las muertes en el marco de la represión policial en diciembre de 2001 de Romina Eturain, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez.

“Que hoy se tomen la atribución de defender el derecho de huelga es un mamarracho. ¡Sigan poniendo cartelitos! ¡Sigan poniendo los pasacalles de UNEN en contra nuestro. ¡Nos hacen un favor! ¡Sigan así muchachos!”, dijo y se levantó de su banca para retirarse. La preocupación por su estado de salud, atento a otros contextos en que se vio deteriorada en el marco de tensos debates, estuvo a la orden del día en el recinto. La edil Sosa lo acompañó por algo más de diez minutos cuando volvieron a la sesión.

Villagra inició su exposición aconsejando a Pacífico que cuide su salud, además de pedirle que “no se demore en cosas que ya sucedieron y de la que los radicales nos hacemos cargo” y que el debate “se aboque a lo que hay que votar”.

Cruces en el oficialismo

Huss se ocupó en su discurso, en primer lugar, a sus compañeros de bancada, los ediles del solanismo que en la sesión de la semana pasada se ausentaron del recinto impidiendo de este modo el tratamiento de la norma.

Los instó, sin nombrarlos, a “dar los debates donde corresponde” porque “al no concurrir se afectan las instituciones republicanas como es este Concejo”. Hacia el final volvió a recriminarles su decisión, revisada por lo visto en la sesión de este miércoles, tras los cambios introducidos a la propuesta del Departamento Ejecutivo.

El referente de La Cámpora defendió la ordenanza, remarcó su visión distinta de la ley mencionada por Rettore y, Constitución Nacional en mano, subrayó la consagración del Derecho de Huelga en el artículo 14 bis, lo que impediría que cualquier norma de orden municipal afecte en modo alguno tal precepto superior.

“No nos vengan a correr por izquierda ni por derecha. Acá se establecieron las paritarias que no se realizaban. Hoy mismo vamos a tratar una ampliación presupuestaria para atender al incremento salarial resuelto en ese ámbito”, defendió la gestión.

Los ediles del solanismo, Elizabeth González y Gustavo Guzmán acompañaron la iniciativa pero se ocuparon de dejar sus críticas a la gestión de Osuna.

La concejal dejó abierta la pregunta acerca de cómo hicieron las gestiones anteriores para garantizar los servicios sin la existencia de esta norma y se quejó porque de los 42 proyectos de au autoría presentados sólo uno fue reglamentado por el Ejecutivo de modo de que pueda ser aplicado.

Contra el argumento sostenido por el oficialismo, Guzmán dijo que en la elaboración del proyecto ni en las modificaciones se tuvo en cuenta la opinión “del gremio mayoritario” en relación al Suoyem con el que la gestión está enfrentada. Al pasar, deslizó que de las 14 plantas elevadoras de efluentes cloacales “son funcionan dos”

Con relación al reproche de Huss, por la inasistencia en el recinto la semana pasada, González tomó la palabra para decir que “las dificultades no se deben a la ausencia de un concejal si no que vienen desde el inicio de la gestión”.

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