Rubén Virué tuvo un breve paso por la sala de audiencia en la que se sustancia el juicio oral y público contra Sergio Urribarri y compañía por desvío de fondos públicos para el financiamiento de la fallida campaña presidencial del ex gobernador en 2015.

De hecho Virué fue secretario de Justicia de esa administración, hasta que fue eyectado luego de una intervención en el Consejo de la Magistratura, cuando le preguntó a la jueza Marcela Badano, que aspiraba a ocupar un cargo en la Cámara de Casación Penal, si su relación con el procurador general Jorge García podría poner en crisis su imparcialidad y ello no la llevaría a excusarse en las causas donde interviniera García. La magistrada rechazó la pregunta del entonces presidente del organismo evaluador y ese mismo día el ministro de Gobierno, Adán Bahl, le solicitó la renuncia a Virué.

Virué fue convocado como testigo porque la empresa El juego en que andamos había registrado su dirección particular en la ciudad de Larroque como el domicilio que tenía en la provincia al momento de inscribirse como proveedor del Estado.

El parador estuvo en funcionamiento durante el mes de enero de 2015 con el supuesto objetivo exhibir los atractivos de la provincia para atraer turistas, aunque la sospecha es que buscaba instalar la figura de Urribarri como candidato presidencial. La contratación se hizo a través del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, por 14.561.870 pesos y el montaje estuvo a cargo de El juego en el que andamos, la empresa de Gerardo Caruso, que era también director artístico y de contenidos del programa Fútbol Para Todos y contratado de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Los fiscales aseguran que Caruso, “debía retornar en dinero en efectivo a Juan Pablo Aguilera, lo que se concretó por la suma de 2 millones de pesos; también por medio de transacciones bancarias a las empresas TEP SRL y Next SRL, y a las intermediarias Visual Ilusion, Megaprint SA, Wall Street Vía Pública y Fredy Publicidad SRL, que también se concretó por 2.468.700 pesos”. En total, serían 4.468.700 pesos los que volvieron al bolsillo de Aguilera, aseguran.

Lo cierto es que la empresa no tenía domicilio en la provincia cuando le fue adjudicado el contrato para la instalación del parador playero en Mar del Plata.

El ex funcionario dijo haber conocido a la empresa “por los medios”, una vez que el parador en cuestión había comenzado a ocupar un lugar importante en la agenda periodística.

Virué explicó que conocía a Caruso porque uno de sus hijos trabajaba como periodista deportivo en la estructura del programa Fútbol para Todos y que vio una vez al empresario.

El abogado Emilio Fouces, defensor de Caruso, le preguntó si le resultaba fuera de lo común haber prestado el domicilio a la empresa, a lo que respondió: “En realidad, no me parece extraño, porque la constitución de un domicilio es un trámite bastante simple y común para los abogados. Seguramente me habrán preguntado, no lo recuerdo, pero no me debe haber llamado la atención. Si ocurrió, no lo registro. Jamás me habría quedado grabado que me pidieran el domicilio”.

Su testimonio, sin embargo, sufrió un bloqueo emocional cuando contó que un día, agentes de la Policía se presentaron en su casa para notificarlo de que debía declarar ante el Ministerio Público Fiscal por el asunto. “Lo siento, pero en realidad nunca tuve un problema –dijo quebrado–. Tengo la certeza de que alguien de la Policía, seguramente un ex funcionario, informó inmediatamente a mis adversarios políticos del PJ de Larroque para que hagan una operación de prensa y dijeran que tenía algo que ver con este tema”. Nadie le preguntó quién era ese ex funcionario.

Le preguntaron también si en algún momento el ex gobernador Urribarri o el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó, ambos imputados en la causa, se comunicaron con él para que intercediera en alguna contratación: “Jamás, ni para la del parador ni para ninguna otra”, respondió ante el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

 

Entre Ríos turística

El parador playero funcionó durante el mes de enero de 2015 como una estrategia de captación de turistas en una plaza que, según dijo en la audiencia el ex secretario de Turismo de la provincia, Alfredo Bedriñán, atrajo a 1,5 millones de personas esa temporada, “que fue un verano récord”. Lo enmarcó en “una política activa del gobierno para generar turismo interno” y aseguró que “la provincia tuvo un crecimiento turístico exponencial en cantidad de camas ocupadas, arribos y atractivos”.

Bedriñán tuvo algunos cruces con el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull cuando intentó explicar el contexto político en el que se dio la instalación del parador –el presidente del tribunal, José María Chemez, le advirtió al fiscal que lo dejara explayarse y al testigo le pidió que sea respetuoso al responder–, pero aseguró en varias ocasiones que el objetivo era la promoción turística y no la instalación de una candidatura.

La idea, explicó, estaba latente desde enero de 2013, cuando se firmó un convenio de colaboración entre la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Mar del Plata. Pero no hubo parador en 2013, 2014 ni 2016. Le insistió el fiscal. Solo en 2015. “Creo que fue el mejor año para la provincia en materia turística”, dijo el ex funcionario.

Bedriñán aseguró que “no había intención de promoción de ningún funcionario” y respecto de las gigantografías que mostraban la imagen sonriente del ex gobernador y la leyenda “Gobernación Urribarri” dijo que se exhibieron antes de la inauguración, pero se ordenó retirarlas. “Gobernación Urribarri era un sello de gestión que es de uso y costumbre”, ensayó como explicación.

“Desde el día en que se instaló y hasta que terminó no hubo gigantografía. En los días anteriores me enviaron algunas imágenes de cómo iba quedando y había algunas gigantografías con la cara del ex gobernador. Me comunique con el ministro (Marsó), le dije que no podía ser y fueron retiradas. No estuvieron nunca mientras funcionó el parador, se colocaron mientras armaban la estructura del parador”, explicó.

–El 3 de enero a la mañana cuando se inauguró el parador, ¿estaba la gigantografía con la foto de Urribarri? –le preguntó el defensor Emilio Fouces.
–Absolutamente no.
–¿Volvió a estar en algún momento hasta que cerró el parador? –le insistió.
–No.

A lo largo de su declaración, Bedriñán sostuvo en varias ocasiones que en la época en que funcionó el parador no se estaba desarrollando ninguna campaña política.

Sin embargo, los fiscales exhibieron notas periodísticas de aquellos días en los cuales Urribarri aseguraba estar lanzado como precandidato presidencial. Una de ellas, extraída de un portal 24baires.com, da cuenta de la inauguración del parador y señala en un párrafo que “uno de los precandidatos a presidente del Frente para la Victoria que está abocado a la campaña es el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien preparó un parador en Mar del Plata, ciudad balnearia pintada de naranja como pocas”.

 

La pelota a Fiscalía de Estado

Ricardo Alberto Genolet fue otro de los testigos que declaró en la audiencia de este lunes. El fiscal del Tribunal de Cuentas de la provincia brindó un detalle sobre su intervención en el proceso de contratación para la difusión de los spots publicitarios por la Cumbre del Mercosur, que se realizó en diciembre de 2014 en Paraná.

El funcionario contó que desde el Ministerio de Cultura y Comunicación se lo consultó, mediante una nota, para hacer la contratación, pero que en esa misiva especificaba un monto, algo que ya había señalado la asesora jurídica del organismo, Nancy Vinagre. “No indagué en eso porque es innecesaria la consulta de un gasto, porque los organismos gastan y después lo rinden. No era necesario consultar”.

En ese sentido explicó que Hugo Céspedes, entonces a cargo de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, le explicó que “la consulta era a modo de asesoramiento, independientemente del control posterior” y agregó: “El régimen legal en Entre Ríos define en la ley de ministerios claramente el rol. En este caso, la función del Ministerio de Cultura y Comunicación es dar a conocer las políticas públicas de la provincia. No corresponde que yo evalúe lo inherente o no inherente”. Genolet se refería a la pregunta del fiscal Gonzalo Badano sobre si estaba dentro de las atribuciones la contratación de esa publicidad.

Genolet dijo que cuando se analizó el pago “estaban los antecedentes del expediente y se pueden ver dictámenes de la Fiscalía de Estado, del contador general de la provincia y del asesor legal (del Ministerio de Cultura y Comunicación), que ratificaron el encuadre legal de la contratación directa en los términos de la ley. En consecuencia, con esa ley, se dictaron decretos que están vigentes. Dentro de los organizamos de control, la Fiscalía de Estado –según la Constitución Provincial– establece (que debe) tener el control del patrimonio de la administración pública, habla del control de legalidad de los actos jurídicos del Estado provincial y ejerce la acción de inconstitucionalidad, de modo tal que si la ley no fue objetada por el fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) goza de plena vigencia y ejecutoriedad”.

A lo largo del juicio, Fiscalía ha demostrado no entender cómo funcionan los organismos de control, que fueron reformados dramáticamente a lo largo de los años, con el objetivo de que no controlen y, en el caso del Tribunal de Cuentas, limitando su intervención una vez que se realizó el gasto, es decir, se observa solo lo renditivo. La factura. En ese marco es que Genolet sostuvo que el expediente en cuestión “estaba perfectamente tramitado, confeccionado y tenía todos los pasos previstos hasta el pago. Al menos en lo que hace a la competencia del tribunal, no pudo objetarse”.

Fuente: Página Política