El Partido Comunista expresó su apoyo “irrestricto y activo a la aplicación de la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales, denominada ley de medios”.
Ante la proximidad de lo que se ha dado en llamar 7D, además, expresó “la necesidad de dar continuidad y profundizar los ámbitos referidos a la aplicación de esta norma” que supieron fundarse en Entre Ríos “sostenidos por un conjunto de medios, periodistas, sindicatos y actores sociales vinculados a una comunicación popular, democrática y participativa”.
Para el PC, la Ley de Medios “vincula la comunicación con la democratización de la sociedad y la pluralidad de ideas, la información como un bien público, el rol del estado para garantizar ese derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos para niños, jóvenes y adultos”.
Momento clave
En opinión del partido, aliado del gobierno, se está ante “la oportunidad histórica” de avanzar en “la batalla cultural de modo tal que se modifique el sentido común de nuestro pueblo”. Además, se pretende que en este contexto “los sectores económicos beneficiados por el modelo heredado de la última dictadura militar cedan en sus privilegios”.
En el documento – al que tuvo acceso Página Política – remarcaron que hoy “el sentido común” es “trabajado por el propio Grupo Clarín mediática y políticamente para trabar y derrotar el proceso de cambios abierto en nuestro país”.
Se repudió, en ese marco, las dilaciones planteadas por esa empresa para el cumplimiento de la ley y “su intento de eludir la aplicación de la acordada de la Corte Suprema de Justicia, que plantea el desprendimiento de los monopolios de los numerosos medios que en sus manos concentran poder y con licencias obtenidas durante el terrorismo de estado y bajo presiones corporativas contra gobiernos elegidos en democracia”.
El PC también llamó “al conjunto de fuerzas populares, nacionales, democráticas y revolucionarias, a sectores independientes y al pensamiento progresista y de izquierda a confluir en el reclamo por la aplicación de la ley”.
Se propuso en este marco, a partir del 7 de diciembre, a realizar “concentraciones públicas que planteen que no habrá democracia ni libertad de prensa con monopolios informativos que privatizan la verdad”.
