Ser reformista en política podría ser, posiblemente, un equilibrio entre lo revolucionario y el statu quo. Más edulcorado fue el posibilismo. Hubo intentos de reformismo en la Entre Ríos post dictatorial con Sergio Montiel. Pero fue eso, un intento.
Jorge Busti, sin embargo, llevó adelante el más importante rediseño del Estado a lo largo de sus tres gestiones. Fue el gobernador que mayor injerencia tuvo en el Poder Judicial. La cantidad de años en el sillón de Urquiza le permitió ubicar funcionarios vitalicios en lugares claves de la administración que fue readecuando con el tiempo. Por ejemplo en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde nueve de los siete vocales llegaron a ser elegidos por él.
Cuando en la provincia se impuso el sistema acusatorio le tocó designar al procurador general, Jorge García. Llegó a tener una mayoría apabullante en el máximo órgano de justicia, sobre todo en la estratégica Sala Penal y Asuntos Constitucionales integrada por Daniel Carubia, su ex socio en el estudio jurídico; Carlos Chiara Díaz, con quien mantuvo una muy buena relación; y Miguel Carlín, quien presidió el bloque de senadores justicialistas durante su segunda gestión. Con la jubilación de Carlín asumió quien era hasta ese momento su fiscal de Estado y abogada personal, Claudia Mizawak. Antes y después había designado a Germán Carlomagno, Susana Medina, Leonor Pañeda y Emilio Castrillón, entre otros.
Cuando estalló la crisis de principio de siglo, que por estos días se cumplen 20 años, el Poder Judicial al igual que la política necesitaba una oxigenación. Busti no dudó y creó el Consejo de la Magistratura. Lo hizo a través de una amplia convocatoria que comprendió a instituciones intermedias, el sindicalismo, partidos políticos, asociaciones judiciales. El referente de ATE, Edgardo Massarotti, cumpliría un rol clave en ese proceso que terminó con la elección de magistrados a instancias de la política. El organismo fue bendecido por Eugenio Zaffaroni, a quien el concordiense le había prestado acuerdo para la Corte Suprema un año antes cuando presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación.
El Tribunal de Cuentas estuvo a cargo de Hugo Molina desde 1989 y hasta el 2014. Es el hermano de Carlos Molina, compañero en buena parte de la carrera política de Busti. El entonces gobernador lo designó en su primer mandato y se mantuvo en el cargo durante las otras dos gestiones.
El organismo de control recibió reformas a raíz de un episodio en el que se había decidido investigar el desvío de fondos de la Legislatura. La historia terminó con el vocal José Rubén Morel afuera y con la eliminación del juicio de cuentas, herramienta con la que se podía investigar a un funcionario a través de un proceso interno. Esto sucedió, en rigor, en 1993, durante el gobierno de su pupilo Mario Moine, pero cuando Busti volvió no repuso en sus dos gobiernos posteriores ese recurso pese a ser un reclamo de la oposición y tener una aceitada relación con el presidente del tribunal.
La matriz judicial y la de los organismos de control se habían mantenido incólume desde la época de la dictadura. Si bien fue un radical el que abrió la puerta a la democracia, fue el primer peronista post dictatorial el que puso las vigas a la estructura institucional que hoy se mantiene.
Atento a lo que sucedía en la coyuntura, el ex gobernador fallecido no desentonó con los tiempos. Dejó su primer gobierno cuando Carlos Menem llegaba y transitó su segundo mandato cuando el riojano era todavía el mandamás en la política argentina. Fue el período 1995 -1999. Al año de comenzar su segundo tiempo privatizó la Empresa Provincial de Electricidad de Entre Ríos (Epeer), que pasó a manos de una empresa estadounidense y renombrada como Edeersa. Luego, durante el kirchnerismo, cuando cumplía su tercer mandato, la estatizó bajo el nombre de Enersa.
Busti estuvo en los grandes procesos reformistas de su época. Fue convencional constituyente en 1994, año en que también se desempeñó como ministro de Gobierno en la intervención federal a Santiago del Estero encabezada por Juan Schiaretti, un amigo de toda la vida.
Todas las transformaciones que había emprendido a lo largo de sus tres gobernaciones, muchas de ellas, alcanzaron rango constitucional en el proceso de reforma que él mismo presidió en 2008. La nueva Constitución entrerriana incorporó nuevos institutos como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Anticorrupción. Como presidente de la Cámara de Diputados presentó proyectos de ley para ponerlos en marcha pero sin suerte.
Introdujo la cláusula de reelección con la que no contó en todo su paso por la política. El periodista Pablo Bizai escribió oportunamente cuando se sancionó que había sido a su medida. Pensaba volver a la Gobernación en 2011 y ser reelecto por única vez, como lo establecía la manda constitucional, en 2015. Quizás fue redactada con un sueño oculto, superar al hombre que más gobernaciones tuvo por estas pampas: Justo José de Urquiza.
Fuente: Página Política
