Por Rosario Romero (*)
Frente al proceso de Jurado de Enjuiciamiento previsto en nuestra Constitución, para evaluar la denuncia formulada respecto de la doctora Cecilia Goyeneche, sostenemos que es errónea cualquier conjetura que aleje a tal procedimiento de los carriles del funcionamiento institucional, toda vez que ese sistema de juzgamiento ante denuncias contra jueces y representantes de los Ministerios Públicos es el utilizado en Entre Ríos desde su diseño en la Constitución, sin que ofreciera inconveniente alguno en su modo de funcionamiento. El Gobierno de Entre Ríos respeta la vigencia de las instituciones, los contrapesos y controles inter-poderes y la independencia judicial.
Es más, son numerosos los casos analizados por el Jurado de Enjuiciamiento, en sus distintas integraciones, sin que se registren tales grados de debate público y consideraciones ajenas al motivo de las investigaciones como los que hoy se dan.
En la provincia se están llevando adelante no menos de veinte juicios en los que se investigan delitos contra la administración pública, y nunca desde el Poder Ejecutivo ni siquiera se ha rozado, ni opinado, ni incidido en modo alguno en los resultados de tales juicios, ni con los fiscales y ni con los jueces actuantes. Los procesos llevan su tiempo y tienen características especiales, respetándose en un todo las medidas investigativas. Hemos tenido por conducta ni siquiera emitir opiniones públicas sobre esos juicios, siempre en la idea de respetar su normal desenvolvimiento.
En algunos de esos juicios, que llegaron a condenas por enriquecimiento ilícito o defraudaciones al Estado, los bienes provenientes de esos delitos que fueron decomisados y entregados al Estado, se destinaron a instituciones de salud, educativas y hasta a la conformación de una aldea productiva, en el caso de una importante estancia en el centro de la provincia.
El Poder Ejecutivo entrerriano no emite opinión alguna sobre sentencias judiciales, solo las cumple. Por eso pedimos mesura, en tanto en un momento tan delicado, cualquier falsa interpretación sobre un procedimiento de la Constitución que hoy funciona para juzgar a una fiscal puede hacer caer en desprestigio a una institución que, empero, ha funcionado por años para el juzgamiento de jueces, fiscales, defensores, hasta jueces de paz sin ninguna, absolutamente ninguna, interferencia de nuestra parte.
Defendemos y defenderemos la independencia de poderes, y por eso pedimos que entre todos los que tenemos responsabilidades de gobierno –en los tres poderes– tengamos la prudencia debida frente a un hecho que debe transcurrir en el curso de un proceso constitucional, sin desmesuras y sin volcarlo al terreno de las especulaciones políticas.
No hemos judicializado la política, por eso pedimos que no se politicen los procedimientos constitucionales. Solo cumpliendo cabalmente ese rol, como ha ocurrido siempre, sin interferencias y aplicando la ley en todos los casos, lograremos el triunfo del valor justicia, en aras del bienestar general.
(*) Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos.
Fuente: Página Política
