La intención es que suceda para el 24 de marzo, cuando se conmemora en la Argentina el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Luego de seis años de espera, de idas y vueltas, de revisiones a la normativa y reclamos de los organismos de Derechos Humanos, aparecieron los acuerdos necesarios y la voluntad política del Gobierno de integrar el Comité de Prevención de la Tortura en Entre Ríos.

Se trata de una institución prevista por la legislación nacional e internacional de prevención de la tortura y otros tratos inhumanos por parte del Estado, especialmente en ámbitos en los que se pone en juego, de un modo u otro, la privación de la libertad.

En 2017 se sancionó la Ley 10.563, votada por unanimidad, pero nunca se pudo integrar el Comité. La ley contemplaba la integración de una comisión bicameral para acompañar la tarea pero solo se integró a medias, con sus representantes del Senado, poco después de la promulgación.

Dos años después, el Ejecutivo impulsó un proyecto de ley, presentado por el diputado Juan Navarro, para que se dispusiera que los miembros del organismo cumplan su labor ad honorem. Los organismos se opusieron con firmeza a ese punto porque tal criterio contradice la normativa nacional e internacional y porque se consideraba que de tal modo se desjerarquiza la misión del Comité. El proyecto de Navarro nunca fue sancionado y el debate estuvo desde entonces en torno a si debían percibir honorarios o no los miembros de la nueva institución.

En 2020 la militancia de Derechos Humanos hizo un nuevo intento. Presentó al Ejecutivo una propuesta previendo la asignación del haber de un director del escalafón general para los miembros del Comité. Pero no hubo respuestas a esa alternativa.

Ahora, en torno a un borrador de proyecto de ley, hubo consenso entre el gobierno y representantes la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) para que finalmente pueda constituirse esta institución con la participación del Ejecutivo, la Legislatura y referentes de organizaciones vinculadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. En la ley vigente estaba previsto que un miembro exprese a las universidades públicas pero esa cláusula ya no figura en el texto consensuado, que será presentado por el diputado Néstor Loggio.

 

Integración

El nuevo proyecto prevé un comité integrado por dos representantes de la sociedad civil que deberán ser referentes de organismos de Derechos Humanos con personería jurídica, y que pasarán por un mecanismo de selección en el marco de una asamblea, modo similar al que rige la selección de miembros de la sociedad en el Consejo de la Magistratura. Estos integrantes percibirán por su trabajo un haber equivalente al de director del escalafón general.

Se integran además tres legisladores en funciones, dos por la mayoría, uno por la minoría; un representante del Ejecutivo, que debe ser de los equipos de la Subsecretaría de Derechos Humanos o el organismo que tenga a su cargo las políticas públicas en la materia.

Además habrá un Secretario Ejecutivo que coordinará la labor del Comité y que será elegido en una convocatoria pública y en un proceso de concurso de antecedentes y oposición.

La integración prevé paridad de género.

Para la semana próxima, el oficialismo tiene previsto dar los pasos que hacen falta para llegar con la sanción de la ley al 24 de marzo. En principio, el día 14 habría reunión de legisladores para definir la integración de la bicameral de Derechos Humanos. La idea es que el día 15 se trate en Diputados y el 22 en el Senado para llegar al 23 con la ley promulgada, en vísperas del nuevo aniversario del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico militar en 1976.

 

Garantías

Lucía Tejera, abogada en causas por delitos de Lesa Humanidad y miembro del Roder, expresó: “Celebramos la voluntad política de constituir este órgano tan importante para el Estado de derecho y para el fortalecimiento de la democracia”.

“Venimos insistiendo hace seis años con esto. El mecanismo de prevención no puede quedar en un órgano meramente enunciativo sino que debe ser un órgano que coadyuve al sistema político para generar las mejores políticas públicas en relación a las personas privadas de la libertad”, manifestó en diálogo con Página Política.

Explicó que lo previsto es que se actúe “ante cualquier situación que implica restricción de la libertad, situaciones en las que hay personas que de algún modo tienen restringida su libertad como hospitales de salud mental, institutos de menores, geriátricos en los que esa restricción depende de funcionarios públicos”. “Las cárceles aparecen como el objeto más fuerte, más visible para el trabajo del Comité que debe atender a las obligaciones que tiene el Estado y prevenir la tortura”, añadió.

La abogada mencionó que, fruto de lo previsto por la legislación nacional e internacional, funcionan ya instituciones de este tipo en Chaco, Misiones, Mendoza y Corrientes entre otras provincias. Ahora, al parecer, ha llegado el turno de Entre Ríos.

Fuente: Página Política