Las dos normas que han marcado los lineamientos del gobierno de Javier Milei ya son asunto del Congreso de la Nación.

El viernes, el Ejecutivo giró el DNU para su tratamiento legislativo. Sin embargo, aun no está conformada la comisión bicameral que debe emitir dictamen. La meganorma está en plena vigencia, salvo el capítulo referido a la reforma laboral cuya aplicación quedó en suspensión por decisión judicial.

La Ley Ómnibus, mientras tanto, será tema del Congreso a partir del martes cuando arranque el debate en la Cámara de Diputados.

 

DNU

Una comisión bicameral —que aún no está conformada— tiene a partir de ahora 10 días hábiles para expedirse únicamente sobre la validez del decreto, sin poder modificarlo. Si no hay pronunciamiento, vencido ese plazo el instrumento pasa directamente a los plenos de las cámaras. Nunca en la historia institucional argentina un DNU perdió vigencia por haber sido rechazado por el Congreso.

Todo el texto, que incluye 366 medidas, está en plena vigencia excepto la reforma laboral, que fue suspendida por la Justicia.

El resto de las medidas —como la derogación de las leyes de Alquileres, de Abastecimiento, de Góndolas, de Compre Nacional, de Promoción Industrial, de Promoción Comercial y de Tierras, entre otras así como del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, además de la habilitación para la privatización de las empresas públicas, la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, y la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas— rigen desde el 29 de diciembre último.

Para que pierdan vigencia o sean convalidadas debe haber novedades de los otros dos poderes del Estado: el judicial y el legislativo.

 

La Ley

Con relación a la denominada Ley Ómnibus, el oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la próxima semana a las primeras reuniones informativas conjuntas para empezar a tratar el proyecto en sesiones extraordinarias.

Está previsto que funcionarios del gobierno nacional expongan sobre la iniciativa de La Libertad Avanza ante los legisladores que integran las Comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

El presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, le pidió a los legisladores que preparen sus consultas y se las informen con antelación. Las preguntas deberán ser remitidas en el curso de los próximos tres días por correo electrónico.

Las exposiciones de los funcionarios ─que también podrán realizarse vía zoom─ permitirán saldar dudas respecto de un proyecto que despertó fuertes resistencias de parte de la oposición, gremios y algunos sectores de la sociedad civil. Pese a estas recientes críticas y rechazos, el gobierno confía en que el proyecto se apruebe en el Congreso con muy pocos cambios.

El gobierno de Milei espera el acompañamiento legislativo de casi todos los bloques a excepción de Unión por la Patria y la Izquierda. En un primer círculo de aliados se encuentran los diputados del PRO y, desde La Libertad Avanza, esperan que la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal ─el interbloque liderado por Miguel Ángel Pichettto─ y los peronistas no kirchneristas también brinden su apoyo a la ley ómnibus.

El Gobierno habría negociado ya con los gobernadores a quienes responden los legisladores peronistas para garantizar su apoyo a este megaproyecto y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la desregulación económica. A cambio, se restaurará el Impuesto a las Ganancias quitado por el exministro de Economía, Sergio Massa, de modo que las provincias recuperen los fondos coparticipables que dejaron de percibir en los últimos meses del 2023.

 

Rechazo ambiental

Mientras tanto, en la calle, los rechazos a los cambios que plantea la ley presentada por Milei ante el Congreso continúan apareciendo. Luego de las críticas de los gobernadores patagónicos a la reforma pesquera y el amparo de la CGT contra la reforma laboral, ahora, más de 80 organizaciones ambientales y sociales enviaron una carta a la Cámara de Diputados en contra del proyecto.

Según indicaron las ONG, la ley ómnibus supone “serios retrocesos en la legislación ambiental”. “Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para las agrupaciones ambientalistas, la iniciativa “pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero, en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”.

El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional pretende impulsar una serie de reformas a la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).

Las ONG advirtieron, además, que la iniciativa viola el principio de no agresión ambiental del Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado internacional según el cual la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. “Los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, indicaron en el comunicado.

(Con información de DiarioAr)

Fuente: Página Política