El juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz sigue su curso, a pesar de que la corte de justicia no se ha reunido en lo que llevamos del año ni tiene previsto hacerlo antes del 6 de febrero, en que comenzará el desfile de testigos por la Cámara de Senadores. No obstante, por estos días se están resolviendo los pedidos efectuados por algunos testigos para declarar por escrito.
El presidente del tribunal de juicio, Aldo Ballestena (Frente para la Victoria-La Paz) confirmó a Página Judicial que ya firmó una resolución de carácter general para que todos los funcionarios alcanzados por un “tratamiento especial” puedan optar por declarar por escrito. Esto a partir de pedidos efectuados por los vocales Germán Carlomagno y Daniel Carubia; y la certeza de que Leonor Pañeda adoptaría la misma postura.
El artículo 250 del Código Penal de la Nación les concede “tratamiento especial” en los procesos judiciales a dignatarios eclesiásticos, presidente y vicepresidente de la Nación, ministros nacionales, gobernadores y vicegobernadores, ministros provinciales, legisladores nacionales, funcionarios judiciales, militares, diplomáticos, cónsules generales, oficiales superiores de las fuerzas armadas, intendentes y rectores de las universidades. No obstante, se hace la salvedad de que “podrán renunciar al tratamiento precedente. Si no lo hacen, optarán por declarar en su residencia oficial o por informe escrito, dejando constancia en este último que deponen bajo juramento o promesa de decir verdad; no pudiendo, en el primer caso, ser interrogados directamente por las partes ni por los defensores o mandatarios”. Para eso, el tribunal, en este caso el Senado constituido como corte de justicia, les enviará un pliego de preguntas para que respondan por escrito.
Otro que ya adelantó de manera informal que no viajará a Paraná sino que prestará declaración por escrito es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, propuesto como testigo por la defensa de Chiara Díaz.
La nómina de testigos propuestos por Chiara Díaz incluye a magistrados y funcionarios judiciales provinciales de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Río Negro y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y a jueces nacionales que también podrían declarar por escrito. Otros declararán en forma personal. Es el caso de Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, y su antecesor Rafael Gutiérrez, según le confirmó a Página Judicial el abogado Guillermo Brunner, defensor técnico de Chiara Díaz.
El defensor quiere que informen si han mantenido reuniones con Carlos Chiara Díaz, por asuntos “institucionales referentes a la vocalía” que ocupa en la STJ, su participación “en elaboración de proyectos de leyes, códigos”, si lo han acompañado “en el dictado de charlas, conferencias, etcétera” y “en ámbitos universitarios u otros, respecto de temas legales y en especial penales y procesales”, entre febrero de 2006 y junio de 2016.
En cambio, tendrán que viajar sí o sí, por ejemplo, Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares; Miguel Piedecasas; vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación; Héctor Granillo Fernández, titular de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, entre otros. También los funcionarios de la Universidad de Belgrano, propuestos por los diputados de la comisión investigadora.
“En principio, estas cuestiones puede resolverlas el presidente de la corte de justicia porque son de mero trámite; en cuanto haya un acto que no sea de mero trámite, no se puede seguir adelante”, explicó el abogado Guillermo Brunner, defensor técnico de Chiara Díaz, quien adelantó que podría objetar algunas medidas de prueba porque fueron solicitadas solo por Ballestena. La mención no es casual: para poder sesionar, la corte de justicia necesita de al menos dos tercios de la totalidad de sus miembros, es decir, 12 legisladores.
