Legisladores de la oposición criticaron la resolución de la Afsca por la que se ofrece acceso libre y gratuito al Banco Audiovisual de Contenidos Audiovisuales Argentino (Bacua) a todos los medios que no puedan cumplir la cuota mínima de producción local que demanda la ley de medios.

El diputado radical Ricardo Gil Lavedra denunció la creación de un “monopolio gubernamental” y su par del peronismo disidente, Gustavo Ferrari afirmó que el Gobierno desea “un mensaje único, acorde con la política oficial, con el discurso o con el relato oficial”.

El titular de la Afsca, Martín Sabbatella defendió la pluralidad del banco de datos que “ofrece contenidos de enorme calidad” que “han logrado reconocimientos en el mundo”. Explicó el proceso por el cual se produce el material que compone el Bacua, y concluyó que quienes lo cuestionan “no tienen ni idea de lo que hablan” y “ni siquiera se fijaron en Internet cuáles son los contenidos o a qué actores y directores están acusando”.

La resolución 2368/12 de la Afsca, publicada el pasado 21 de enero en el Boletín Oficial, permite acceder de manera “libre y gratuita” al Bacua y al Centro de Producción e Investigación Audiovisual (Cepia), con el fin de reemplazar la generación de contenidos propios con cuotas mínimas de “producción local independiente” que establece el artículo 65 de la ley de medios.

Gil Lavedra interpretó el jueves pasado que la resolución “revela todo aquello que muchos temieron con la sanción de esta ley, que es el reemplazo del monopolio privado por el monopolio gubernamental”. Su correligionario, el senador Ernesto Sanz sumó sus críticas ayer al considerar que no se busca “democratizar”, sino “imponer los contenidos del Gobierno y generar un monopolio estatal para imponer todas las mentiras”. Desde el peronismo disidente, el diputado Gustavo Ferrari coincidió en que “se intenta que exista un mensaje único, acorde con la política oficial, con el discurso o con el relato oficial”. Ironizó que “generosamente Sabbatella pone a disposición de los nuevos medios contenidos kirchneristas”. También opinó el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Gerardo Milman, quien sostuvo que se “obliga a los medios de comunicación que no tienen capacidad para producir contenidos” para “que todos veamos lo que la señora Presidenta (Cristina Fernández) y sus ministros nos quieren relatar”.

“Creo que sencillamente no tienen ni idea de lo que están hablando”, respondió Sabbatella, quien detalló el proceso de selección del material que compone el banco de datos, donde hay “casi cien jurados que intervienen en la evaluación de más de dos mil propuestas audiovisuales de realizadores de todo el país”. El Bacua forma parte de una doble política de desarrollo de la industria audiovisual: por un lado se incentiva la producción y, por el otro, se ensambla un circuito de difusión del material.

Los proyectos son presentados en los concursos públicos que lanza el Consejo Asesor para la Televisión Digital Abierta –que responde al Ministerio de Planificación– en conjunto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). La selección de los ganadores, que se publica en el Boletín Oficial, la realiza un cuerpo de guionistas, productores, directores y actores. En la primera convocatoria se recibieron más de 1200 proyectos, sobre los que 92 jurados escogieron 149. Los mismos tuvieron tutoría y capacitación técnica parta asegurar un alto nivel de calidad en los productos. Varias de estas producciones recibieron reconocimiento internacional, como es el caso de la ficción Televisión x la Inclusión, galardonada con un Emmy a las actuaciones de Darío Grandinetti y Cristina Banegas. En el Bacua se recopila todo el contenido y se pone a disposición de señales privadas y públicas de todo el país. El catálogo que ofrece es de una amplia variedad y los medios locales tienen libertad para elegir sin restricciones.

Sabbatella expresó que “hablar de contenidos kirchneristas o de relato oficialista es una falta de respeto” y “da vergüenza que ni siquiera se fijaron en Internet cuáles son los contenidos que cuestionan o a qué actores y directores están acusando”. Destacó que “el fomento a la industria audiovisual que realiza el Estado nacional genera más empleo para actores, directores, productores y técnicos”, y dio cuenta de que “las cosas que financia el Estado, desde una producción audiovisual hasta el sueldo de un docente, no son gubernamentales ni oficialistas sino estatales y públicas”. Concluyó que “es una decisión que nos enorgullece porque no sólo ayuda a los medios a cumplir con lo exigido por la ley de medios, sino que genera un circuito virtuoso para que los excelentes contenidos audiovisuales del Bacua tengan pantalla”.