Luego de que la jueza Elena Albornoz hiciera lugar parcialmente al amparo interpuesto por Cecilia Goyeneche, la guerra continúa en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, apeló la sentencia por la que se declaró ilegítimo el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso de jury que se sigue a Goyeneche.

El Superior Tribunal se encuentra incompleto por jubilaciones que se dieron en el último tiempo y, por lo tanto, su integración está compuesta por ocho vocales: Daniel Carubia, Martín Carbonell, Claudia Mizawak, Susana Medina, Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone, Miguel Angel Giorgio y Bernardo Salduna.

Los tres primeros son, precisamente, los denunciados por la procuradora adjunta suspendida (aunque fue a su lugar de trabajo todo el tiempo), lo que implica que quedan excluidos de la nómina de posibles jueces para resolver la cuestión. Salduna, seguramente, deba excusarse porque dio opinión sobre el tema públicamente. Quedan, entonces, cuatro vocales: Medina, Carlomagno, Smaldone y Giorgio.

El Ministerio Público Fiscal, un organismo que se auto percibe y así está en la ley como vertical, designó a la fiscal Mónica Elizabeth Carmona para que lleve adelante la acusación penal o no de su par. Ahora resta que se conozcan cuáles serán los vocales que deben atender sobre la denuncia que pesa sobre sus compañerxs de cuerpo.

Maravilloso sistema de control. Cada uno debe ser defendido o acusado por su compañerx con el que comparte años despacho de por medio.

La nueva integración del Jurado de Enjuiciamiento no ha sido resuelta en los tribunales. Se deben elegir tres vocales con sus suplentes. ¿Quiénes resuelven la apelación del amparo pueden integrar el nuevo jury o ya habrán dado su opinión sobre el tema?

Pareciera que en Entre Ríos una procuradora adjunta puede encubrir a un socio, mandar a allanar a un testigo que la incomode, amenazar públicamente perseguir penalmente si le alteran el humor, que el sistema no le hará lugar para que se revise nada.

El jury a Goyeneche y su proceso representan el ejemplo más exacto del accionar de un poder del Estado que suma un descontento social muy superior al que pueda expresarse en una marcha. Sus integrantes, sólo porque no hacen campaña ni deben someterse a elección, gozan de un anonimato. El malestar crece en cualquier reunión social de cualquier clase social, cuando se hace mención a “la Justicia”.

La Constitución de 2008 establece en su artículo 218 la integración del Jurado de Enjuiciamiento. A los siete existentes (tres vocales, dos abogados y dos legisladores) se le debería sumar dos representantes de la sociedad civil que deben surgir de un proceso virtuoso de selección que tuvo un rico debate en la Convención Constituyente.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto en este sentido el 23 de septiembre de 2009, pero el Senado lo planchó. Han pasado 12 años.

La integración de la sociedad civil pondría en tensión, al menos, la constitución de mayorías que responden directamente a sectores bien definidos que están a la vista: política y justicia.

A la nueva Constitución de Entre Ríos la hicieron, en buena parte, dirigentes políticos que litigan a diario en los tribunales. En muchos casos defendiendo a otros dirigentes políticos o empresarios. También la hicieron un vocal que se jubiló para ser convencional, hombres y mujeres que hoy siguen (porque siguen todos) formando parte de esa elite; sea en un ministerio, una banca en la Legislatura, un lugar en los tribunales o una empresa estatal. Se cruzan a diario en Plaza Mansilla, sea para denunciar a un enemigo, encubrir a un amigo u operar en función de algún interés. Enfrente, todo es posible, o por lo menos, conversable.

Fuente: Página Política