La visita y embestida de procuradores y fiscales del país, que por estas horas están en Paraná, recibieron una respuesta contundente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los primeros habían considerado “ilegal” el desplazamiento de la procuradora adjunta suspendida Cecilia Goyeneche, en el marco del proceso que atraviesa ante el Jurado de Enjuiciamiento, donde fue denunciada por mal desempeño al ser descubierta como socia en dos propiedades con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, en la causa contratos truchos en la Legislatura.

La jueza María del Carmen Battaini, ministra del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, envió una nota al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal “a fin de transmitir la preocupación de los miembros de nuestra institución con motivo del cuestionamiento a la actuación del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos”.

Y planteó : “En razón del tenor de las declaraciones sucedidas en estos días, exhortamos a actuar con prudencia y responsabilidad, procurando el respeto de las instituciones en el marco constitucional, en función del rol que nos ha sido asignado, para garantizar su normal desenvolvimiento y el estado de derecho”.

Impunidad

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos también se expresó en relación al rol acusador en el Jurado de Enjuiciamiento abierto a Goyeneche. Hay que aclarar que el instituto corrió al Ministerio Público Fiscal de la acusación por entender que en un organismo verticalista, un fiscal no puede acusar, precisamente, a su jefa.

La entidad; a través del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología; resaltó que una de las funciones del Colegio de la Abogacía, según marca la ley, es “contribuir al mejoramiento de la administración de justicia provincial y federal, haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento”.

Sostuvo que la entidad  “debe advertir por posibles atropellos e intimidaciones públicas”, en referencia a las amenazas del procurador general, Jorge García, quien públicamente dijo que el abogado que asumiera el rol de acusador está cometiendo un delito.

“En relación al rol acusador en el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, aceptar la acusación sólo por parte de subordinados de la denunciada puede configurar un caso de impunidad con gravedad institucional”, entienden.

En torno a la advertencia pública de García y Goyeneche, en el Colegio de la Abogacía manifestaron que es momento de “aclarar que no puede existir un delito de configuración penal por parte de alguno de los integrantes de la lista de conjueces al aceptar una manda de un organismo constitucional”.

Por último, convocaron “a la prudencia a todos los actores institucionales para evitar declaraciones o acciones que no ayuden a afianzar el libre funcionamiento de las instituciones democráticas”.