“No al espionaje masivo y sistemático: otro atropello a nuestros derechos”, se titula una declaración de la Multisectorial de Derechos Humanos que fustiga el proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal que trae aparejadas nuevas herramientas y atribuciones para el espionaje.

El texto lleva las firmas de los organismos de Derechos Humanos, agrupaciones del peronismo K y de partidos de izquierda aliados. También de organizaciones gremiales y sociales. Repudian “un nuevo intento de avasallar nuestros derechos y libertades, como es el proyecto para ampliar el espionaje y la persecución que ya se viene haciendo sobre los ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente sobre quienes denunciamos y nos oponemos al ajuste y la represión”.

Se advierte que el proyecto iba a tratarse “silenciosamente, sin debate público, utilizando las maniobras de ocultamiento de siempre”. Se afirma que se trata de una modificación al Código Procesal Penal con el objetivo de “legalizar el espionaje discrecional, sistemático y masivo y así penetrar sin obstáculos en la intimidad de una persona. Las modificaciones habilitarían la utilización de herramientas como el micrófono, la cámara y el localizador satelital del teléfono o computadora de la persona vigilada, incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos”, se detalla.

El texto propuesto, ahora con dictamen de Comisión, incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal. “Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de un proceso sin que exista un debate respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales de los imputados y a la protección de sus datos personales. Queda un amplio margen para cometer abusos y no se garantiza un adecuado control por parte de un organismo imparcial”, se denuncia.

Atropellos y alianzas

“No llaman la atención los objetivos de este proyecto, ya que de aprobarse representaría uno de los tantos atropellos sobre los derechos y libertades que el gobierno nacional viene implementando desde el 10 de diciembre de 2015”, enmarca el documento que, sin embargo, advierte como “altamente preocupante que esto haya sido presentado desde un bloque que, al menos en los papeles, corresponde a la oposición. Sus autores los senadores Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guillermo Guastavino”. “Entre los firmantes está la también entrerriana Sigrid Kunath”, se hizo notar en el texto que lleva las firmas de las agrupaciones La Jauretche que lidera Julio Solanas; Luche y Vuelve, que conduce Pedro Báez; La Cámpora; Descamisados; el Partido Comunista; el PCCE; y el PSol, entre otras fuerzas, además de Hijos, Afader y La Solapa.

Se señala a los legisladores como parte de un sector partidario que “ya ha contribuido con Cambiemos en la aprobación de medidas antipopulares, como fueron la reforma jubilatoria y los pactos fiscales de ajuste entre la Nación y las provincias”.

“Ahora esa alianza de hecho sirve para avanzar en la política represiva persecutoria del gobierno nacional, la misma que pretende la mano dura de la doctrina Chocobar, que tiene presos políticos, que responde con balas y gases a la protesta social y que es responsable nada menos que de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Asistimos a un alineamiento peligroso de doble filo: en el programa económico neoliberal y en el programa represivo”, concluye el documento.

“Preguntamos al presidente Mauricio Macri, a los intendentes de Entre Ríos, al gobernador Gustavo Bordet, si se sentirían cómodos viviendo en una sociedad en que sea legal que sus conversaciones y hasta sus imágenes privadas puedan ser no sólo intervenidas sino también filtradas y hechas públicas”, se interpeló a las autoridades.

En este marco, se exigió “una discusión amplia en el contexto de un debate parlamentario con la debida participación de todos los sectores políticos, de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil” y particularmente se apuntó a los legisladores nacionales entrerrianos a los que se reclamó que se abstengan “de votar una nueva ley en contra de los intereses populares y de los derechos humanos”.