La reforma política y los proyectos de leyes pendientes de corte institucional, forman parte de un conjunto de iniciativas que el oficialismo intentará sancionar dentro del primer semestre del año.
Lo más lejos posible de un proceso electoral, se avanzará en primer término con la denominada reforma política, un paquete que contendrá un nuevo código electoral y modificaciones a la ley de partidos políticos, como adelantó Página Política:
En el encuentro que el último miércoles mantuvieron los diputados del Juntos por el Cambio con la ministra de Gobierno Rosario Romero, se acordó una metodología de trabajo. El Ejecutivo redactará el capítulo electoral y la oposición el anteproyecto de financiamiento de partidos y campañas electorales.
Los diputados de Cambiemos prefirieron esa opción: que el Ejecutivo envíe el proyecto de reforma electoral y que se generen espacios participativos para su discusión con expositores especialistas en el ámbito legislativo. Temen que si se intenta consensuar antes un proyecto entre oficialismo y oposición surjan diferencias en el proceso que terminen en un nuevo fracaso.
El Ejecutivo reeditará el proyecto de código electoral que no pudo prosperar en 2018 –con boleta única de papel, representación de minorías y paridad de género- pero “enriquecido” con aportes que hicieron los partidos políticos de Entre Ríos –con y sin representación parlamentaria- en aquella recordada jornada que se realizó dos años atrás en el Senado provincial.
La idea es, en principio, abordar todo como una reforma integral. El sistema de boleta única permitiría ahorrar el enorme gasto de impresión de boletas sábanas que el Estado viene aportando a los partidos en cada elección. El Estado entrerriano seguiría dando ese dinero a los partidos, pero destinado a su sostenimiento. En definitiva, el financiamiento estatal de la política no supondría un nuevo gasto, sino el redireccionamiento de un gasto que ya existe, más allá de que los fondos puedan finalmente ser mayores y, lo más importante, estables.
En agenda
En la lista de prioridades, después de la reforma política vienen los proyectos de corte institucional, como las reformas de procedimientos administrativos; reforma en los procesos de compras del estado; la ley orgánica de Policía; la ley orgánica de Tribunales.
También la ley 10.027, orgánica de Municipios, sobre la que hay unos 30 proyectos de reforma parciales que tienen estado legislativo. En 2019 se había llegado a un consenso para la reforma integral, pero el año electoral frenó ese proceso.
En el mismo grupo de proyectos institucionales está el Código de Faltas provincial. Se pretende redactar nuevo código de convivencia para trabajar las “faltas del siglo XXI” con un catálogo alternativo de penas que no se limiten a la multa e incorporen, por caso, algunas tareas comunitarias.
A este paquete se suma el Jurado de Enjuiciamiento, que tiene pendiente una reforma para incluir la participación ciudadana en el juzgamiento de magistrados y funcionarios, tal lo establecido en la Constitución reformada en 2008.
Los diputados de Cambiemos propusieron una serie de iniciativas, entre las que se destacan poner en vigencia la Defensoría del Pueblo de la Provincia y sancionar una Ley de Ética Pública.
También pidieron reglamentar el pedido de informes, para que queden establecidos con más claridad los plazos. Y que se aplique la ley que regula el Digesto Legislativo, otras de las asignaturas pendientes de la reforma constitucional de 2008.
