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OPINIÓN

Las dos “G” y las truculentas misceláneas de un cambalache discepoliano

El abogado penalista cree que Entre Ríos “es inviable” ante el pedido de elevación a juicio de la causa contratos. “Lo menos que merecen quienes avalan esta inaceptable y mal parida decisión judicial, es ser denunciados”, opina.

Por Rubén Pagliotto (*)

 

Este martes 1 de junio de 2021 terminó de suceder lo que muchos suponían y que otros tantos poníamos en dudas ingenuamente, bajo la peregrina ilusión finalmente utópica de que las dos “G” no se animarían a tanto.

La Procuración General de Entre Ríos, es desde hace varios años, una caja de pandora, pero desde este martes ya tiene consignada y aprobada por sus propios actos la categoría de cloaca institucional.  Y no es para menos.

Jorge Amílcar Luciano García y Cecilia Andrea Goyeneche son la dupla de fiscales que ejercen la jefatura del organismo a cargo de la vindicta pública en la provincia, aunque por momentos alguna tercera pata intervenga para afiatar determinado proceso o decisión vinculada con la política y algunos políticos. Institución que por imperio normativo, debería ser la responsable del diseño de la política criminal de la jurisdicción provincial, objetivo que jamás siquiera figuró en los planes del organismo, salvo para jugar con métodos berretas y vergonzantes, a la política de los carpetazos y la parrilla.

Hace algunas horas pude conocer a través de Página Judicial que dio la primicia, que la causa extendidamente conocida como la de los contratos truchos en la legislatura de Entre Ríos”, había sido remitida a juicio por los fiscales causídicos –y hete aquí el detalle trágico de la saga- , empero acusando sólo y únicamente a quienes integran el eslabón más bajo de la cadena de responsabilidades en el manejo y asignación de millonarios fondos del Poder Legislativo.

Más de dos años y medio desde que comenzó esta causa, no fueron suficientes como para que por lo menos un sólo legislador siquiera haya sido investigado, siendo público y notorio que jamás de los jamases semejante desfalco hubiera podido concretarse sin la aquiescencia – por acción u omisión- de quienes detentaron como senadoras/res o diputadas/dos, los máximos órganos de conducción política y administrativa de nuestro parlamento local, olvidándose los profesores “G” y “G de la tantas veces por ello mentada Tesis de la “Posición de Garante” que da pábulo, su violación,  a los delitos de omisión impropia.

Algunos manejaban desde hace tiempo esta desafortunada hipótesis, pero a otros, entre los que me encontraba, aún con todas las diferencias irreconciliables y enormes desconfianzas con el jefe y su segunda, nos parecía demasiado mucho y harto escandaloso que se concretara, incluso con muy serias dificultades para los mandamás de la Procuración, de poder explicar este desaguisado inconmensurable, sin hacernos sentir que nos tomaban a todes de boludas y boludos, lo que sin dudas generaría repulsas masivas y durísimas contra los recitadores de la dogmática alemana de tercera generación.

Pero algunos nos equivocamos y feo, y vaya si fuimos crédulos y soñadores. Y lo que nos parecía casi un imposible desde la razón, la ética republicana y el estado constitucional de derecho, finalmente dejó de ser eso y es ahora mismo, por lejos, la peor noticia del día, junto con la inmensa cantidad de compatriotas muertos que se cobró la pandemia.

Esta enorme defección de nuestra Procuración, vaya uno a saber por qué reales motivaciones, deviene en un hecho judicial perverso e impúdico que genera náusea existencial y desazón republicana.

A simple vista nomás, sólo de ver su desarrollo en el tiempo, los escandaletes bizarros provocados por conflictos de intereses y sociedades negadas entre investigadores e investigados, los nombres y el peso específico de los imputados (entre perejiles y algo más, pero todo caso, promedio entre terceras y cuartas líneas), esta decisión configura un mamarracho jurídico procesal irremontable, que da vergüenza ajena y provoca entendible indignación en la inmensa mayoría de mujeres y hombres de bien que habitamos esta provincia. Pero sobre todo, importa una absoluta falta de respeto a la inteligencia común de las entrerrianas y entrerrianos.

Como decía un experimentado veterano practicón del derecho penal, con este recorte de la causa ordenado desde la Procuración (García, el de la “G” más grande y fuerte, lo insinuó varias veces en los medios al enunciar la posibilidad de que este caso tuviera dos capítulos…), “los abogados defensores tienen para hacer dulce en esta parodia de juicio que se avecina, sobre todo quienes asisten técnicamente a los eslabones administrativos y de menor responsabilidad política y funcional de la Legislatura”.

En esta maltratada y manoseada causa el neopunitivismo politizado hasta el empalagamiento, exhibe su costado más descaradamente selectivo. Pero también, y tiene que ver con el título de esta reflexión que no es ingenuo ni meramente semántico sino conceptual, el término “Cambalache” refiere a un intercambio (de cualquier tipo), una prendería y/o trueque, un lugar de compraventa de enseres usados, pero también se designa a un lugar en el que predomina el desorden y el ruido.

Esta decisión de la Procuración General es la consagración más írrita y reprobable de impunidad al latrocinio organizado. Estas son las decisiones que generan descreimiento de la gente en las instituciones y cansancio moral en la ciudadanía. Lo menos que merecen quienes avalan esta inaceptable y mal parida decisión judicial, es ser denunciados ante el Jury de Enjuiciamiento por incumplimiento de funciones, mal desempeño y desorden de conducta.

Quiere acaso significar este dislate judicial que durante una década, por lo menos, los vicegobernadores, presidentes de la Cámara de Diputados, presidente de bloques, demás autoridades políticas y legisladores, estuvieron literalmente pintados y bajo el dominio funcional y decisional absoluto de un puñado de desaprensivos empleados de la Legislatura y de un par de estudios contables externos que administraban el saqueo de fondos públicos.

Así las cosas, esta Provincia es indefectiblemente inviable. Esta vez, pasaron la raya, sin retorno alguno y con mucha inmoralidad, que debe ser sancionada.

 

 

(*) Abogado. Ex Presidente de la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía. Ex fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Jurado Técnico del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

Fuente: Página Política
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