Este jueves Gustavo Bordet cumple su primer año de su segunda gestión. O sea el quinto de su gobierno.
No vale la pena describir la cuarentena por el coronavirus. Más bien es preferible ver qué se hizo, qué no se hizo o qué se pudo hacer en este contexto inhóspito por el que atraviesa el mundo y no existe un solo científico que pueda asegurar que fue un mal trago que será irrepetible.
Los planes de encender la economía que se propuso el oficialismo el año pasado con la asunción de Alberto Fernández deberán hacerse desde mucho más atrás. Las condiciones son peores que la de una tierra que ya había sido arrasada por el endeudamiento y la postración de sectores productivos.
¿Cuánto de diferente pueden ser los gobiernos provinciales del nacional al momento de plantear un plan de gestión? La mayoría de las variables hacen que las provincias dependan de Nación. La única que se reformuló fue la coparticipación con el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia cuando le exigió a Mauricio Macri devolver el 15 por ciento que se le retenía a los distritos. Todo lo demás se rige por la discrecionalidad. Las salidas airosas suelen estar atadas sólo a la creatividad del gobernante.
La pandemia parece haber parido un clima que propone crisis y tensión permanente. Bordet impulsó la Ley de Emergencia Solidaria en la que ajustó a estatales y asustó un poco a los sectores más acomodados.
Sólo un 11% de los trabajadores que perciben salarios del Estado se vio alcanzado por la norma que implicó suba del porcentaje de aportes a la Caja de Jubilaciones para quienes perciben salarios de más de 75 mil pesos. El número no da tanta cuenta del criterio de justicia como del deterioro del salario de estatales y docentes que en su inmensa mayoría están lejos de alcanzar el piso de haberes alcanzado.
El año había comenzado con un congelamiento salarial por 180 días para funcionarios de los tres poderes con eco en los municipios. Con la ley de emergencia ya aprobada, se echó por tierra el sistema de enganche en la Justicia, por el cual la Provincia sólo debía cerrar los ojos y pagar lo que homologaba el Poder Ejecutivo Nacional a instancias del incremento solicitado por la Corte Suprema. Siempre con porcentajes superiores a las paritarias locales. Por primera vez se pudo leer a la corporación judicial – Asociación de Magistrados y Asociación de Judiciales, es decir trabajadores y patronal – en un documento conjunto. Bordet, en una entrevista con Página Política, dijo que era momento de discutir los desequilibrios salariales en el Estado. ¿Emprendió un camino tortuoso de reestructuraciones en la administración del Estado o seguirán los gestos como el congelamiento de principio de año? Equilibrar requiere, inevitablemente, achatar la pirámide. Se verá.
La Ley de Emergencia Solidaria, que puede ser prorrogada por 180 días, aparece como la viga de posibles reformas. Quizás esa palabra, “reforma”, no se escuche en boca de ninguna autoridad oficial. La otra mala palabra, impuesta en los ’90, es “armonizar”. Se la solía aplicar cuando se hablaba de reforma previsional en las provincias y la necesidad de equipararla con el sistema de Nación. Surge del pacto fiscal de 1992 cuando Carlos Menem decidió privatizar las jubilaciones.
Lo que queda
El Gobernador insistió en todos estos años con la necesidad de discutir temas de fondo. Aparecieron en su hoja de ruta ante la última Asamblea Legislativa el sistema previsional, una reforma política y otra judicial. La Caja de Jubilaciones, el gran tema por su déficit crónico siempre a expensas del salvataje nacional, formuló la Resolución Nº 077/20 que terminó con otras dos (07 y 08 de 2001), que instituyeron – según los gremios – “una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el ‘3 x 1’ (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales”.
El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) puso en palabras lo que se sospecha hace un tiempo en silencio: una reforma por goteo.
En el plano de lo electoral y representativo, la Ley de Paridad Integral fue el avance más importante en materia institucional. Lo aprobado mereció notas en los principales medios nacionales. La política provincial no ha tomado dimensión de lo que acaba de aprobar la Legislatura y cómo repercutirá en 2023 y en los tribunales, donde las próximas vacantes en el Superior Tribunal de Justicia deberán ser ocupadas por mujeres. Se dio un paso verdaderamente progresista y en clave de Siglo XXI. En algunas conversaciones donde el futurismo electoral es monopolio deliberativo empiezan a aparecer polleras en las servilletas. Una dirección de Instagram propone a Martín Piaggio con la diputada Carina Ramos. Jugueteos en las redes.
¿Habrá boleta única papel? ¿Se abordará una ley de financiamiento de los partidos y las campañas? Es lo que falta para transparentar, de una buena vez, el proceso electoral.
El Poder Judicial experimenta el juicio por jurados, un instituto establecido en la Constitución desde el año 33 pero que la política había ignorado por más de medio siglo. En los tribunales se empieza a cambiar de opinión sobre la participación de un jurado popular en los procesos. En donde lo único que crecía era la crítica empieza a florecer el entusiasmo. El juicio por jurados quizás sea la puerta a una realidad de la que la política y la justicia se vienen alejando ya hace unos años.
Los tres años que deberá transitar Bordet son tan enigmáticos como el devenir del coronavirus. Las certezas están en lado de lo económico y lo social. El escenario de endeudamiento con números de pobreza, indigencia y desocupación son comparables con la crisis del 2001, pero en un mundo más complejo. Revertir el cuadro está- como se dijo- atravesado por las tensiones. No hay otra manera de acomodar esto sin sacar de un lado para poner en otro.
La moneda está en el aire y las posibilidades hay que crearlas.
