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Contratos truchos

Las terminales del peronismo en CABA

El destino de juzgamiento de la causa se dirime en Capital Federal. La Corte Suprema es la que debe resolver en qué jurisdicción se llevará adelante el juicio. Una agenda a mano.

La causa de los contratos truchos en la Legislatura seguirá dando que escribir. Es que en torno a ese mundo oscuro que giraba alrededor del presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado se financiaron todo tipo de emprendimientos: inmobiliarios, agrícola/ganaderos, y algo de política.

Por ejemplo en el juicio que se lleva adelante por estos días y que tiene a Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera como principales imputados surgieron casos de contratados que prestaban servicio en otros lados y en la Legislatura. Para peor, uno de los contratos pertenecían al período no investigado por falta de documentación: 2008-2011 en la Cámara de Diputados.

El ex integrante de ese cuerpo en esos años, Hugo Berthet, fue convocado como testigo por los fiscales para el proceso que tiene sentado en el banquillo al ex gobernador. Aportó muy poco. Casi nada, pese a que en la audiencia anterior apareció un aparente “contrato trucho” firmado por él cuando ocupaba una banca. Si lo hubiesen citado en la causa contratos se hubiesen hecho de un delicioso testimonio.

Algunos actores de la causa insisten en afirmar que los contratos realizados en la Legislatura y abonados en el marco del presupuesto destinado a ese poder del Estado (aprobado por ley) desacreditan cualquier sospecha de ilícito. Un histórico asesor de una de las cámaras le dijo a este cronista hace un tiempo: “A vos te aprueban un presupuesto, luego te otorgan un módulo para que vos contrates a quien quieras y para lo que quieras. ¿Dónde está el delito?”. Con ese criterio un trabajo realizado en una empresa privada, puede llegar a costearse con un contrato legislativo. ¿Qué sería eso?

A Carlos Alberto Ramírez, trabajador de Next SRL y TEP SRL, empresas que se le adjudican a Aguilera, le mostraron en la sala de audiencia un contrato suyo en Diputados, adonde ingresó en 2008 y se desempeñó hasta 2012 en la tarea de “mantenimiento”.

Terminales para el PJ

La causa de los contratos truchos se encuentra en un paréntesis luego de la maniobra política revelada por Página Política que contó con la participación del radical Leopoldo Moreau​ y el properonista Miguel Ángel Pichetto para que la misma pase a la jurisdicción federal.

A las relaciones políticas que produjeron el fórum shopping para que el legajo recaiga en el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, se le pueden agregar otras terminales.

Por ejemplo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, fue asesor de la Convención Constituyente 2008 presidida por Jorge Busti. Lo convocaron por conocimiento jurídico, pero además para que aporte en materia de régimen municipal, tema que conoce por haber sido dos veces intendente de la ciudad de Santa Fe. Participó de charlas y disertaciones ante numerosas presencias de la política entrerriana. Durante ese proceso, el de la reforma constitucional, incluso, fue invitado especial el 3 de noviembre de ese año cuando se constituyó la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, con cuna en Concordia.

El supremo preside el máximo órgano de justicia que debe decidir en qué jurisdicción se debe juzgar a los imputados de la causa de contratos truchos.

El otro jurista que estuvo cerca del proceso reformista entrerriano fue Alberto Dalla Via, a quien Busti convocó como asesor de la Convención. Un año antes, el reconocido constitucionalista, como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, había apoyado el pliego de Claudia Mizawak, que Busti envió al Senado para que asuma una vocalía en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Hernán Corcuera, Daniel Bejas y Dalla Via, creó hace un mes y medio una secretaría que “establece una nueva competencia, instaurándola como tribunal de alzada en los casos de delitos electorales que tengan prevista pena privativa de la libertad y aplicación del Código Penal de la Nación u otras leyes especiales y complementarias”. Allí es el otro destino donde podría recaer la causa de los contratos si se cumple el sueño de los abogados defensores. De ser así, hay un conocido para consultar como viene la mano.

Fuente: Página Política
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