La decisión de la Justicia de exigirle a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovello, a distribuir alimentos motivó a organizaciones de Entre Ríos hacer lo propio. Pero en el plano político, no judicial. 

“En la provincia de Entre Ríos se reproduce la misma lógica, se esconden detrás de los escritorios con infames acusaciones priorizando ‘relevar’ datos, mientras los gurises quedan a la deriva siendo víctimas del abandono del Estado y el avance de la narcoestructura que no para de crecer en las barriadas populares”, dice el comunicado firmado por Patria Grande, una de las organizaciones que integran la Mesa contra el hambre. 

“Hace dos meses que fue sancionada provincialmente la Ley de Emergencia Alimentaria impulsada por la Mesa contra el hambre; constituida por una multiplicidad de actores sociales, políticos, religiosos y académicos; sin embargo es letra muerta porque la comida sigue sin llegar a las ollas”, cuestionaron desde las filas de Juan Grabois. 

En otro párrafo, la organización que aglutina a los trabajadores de la economía popular (UTEP), sostiene que “el acuerdo político entre Rogelio Frigerio y el gobierno de (Javier) Milei- (Victoria) Villarruel para concretar una Ley Bases; que profundiza el saqueo, que va en contra de lxs derechos de trabajadores y garantiza la entrega de nuestra soberanía con el desarrollo de un DNU vigente; hace cómplices y responsables al gobierno provincial”.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular viene poniendo el acento sobre “la situación de inseguridad alimentaria de miles de familias entrerrianas y las infancias en los barrios, que es alarmante y urgente”.

“En nuestra provincia hay gurises y gurisas con hambre, hay compañeras parando la olla en comedores y merenderos sin recursos, hay trabajadores y trabajadoras con salarios de miseria”, se quejaron desde Patria Grande, la rama política de la UTEP.

Fuente: Página Política