Los mismos sectores que convocaron y marcharon hace un mes y hace dos meses, volvieron a convocarse en las calles céntricas de Paraná para exigir justicia por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
La novedad desde la última marcha, dada por la aparición del cuerpo del joven, no ha cambiado el señalamiento a la Gendarmería y al Gobierno de Mauricio Macri como responsables. Así lo ratificaron los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales y políticas que han engrosado la columna que volvió a terminar su marcha frente a Gendarmería.
«Los organismos que integramos la Multisectorial de Derechos Humanos salimos a la calle una vez más para expresar nuestro enérgico repudio y exigir justicia ante uno de los crímenes más graves cometidos por el Estado en 34 años de democracia: la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su posterior aparición sin vida, después de 78 días de encubrimiento, pacto de silencio e intentos de todo tipo por desviar la investigación», cuestiona el texto al que se dio lectura tras la manifestación.
Para los firmantes, «el hallazgo del cuerpo suma más dolor para una familia y para toda una sociedad que reclamábamos aparición con vida, pero esto no fue posible por la desidia, los errores y la complicidad del Poder Judicial y los funcionarios del gobierno nacional. Desde Paraná abrazamos a Enrique y Stella Maris, los padres de Santiago, a sus hermanos Sergio y Germán y a toda su familia. Queremos que se sientan acompañados en estos momentos de suma tristeza».
Certezas
«Sobre la aparición del cuerpo, al igual que en torno a todo lo relacionado con Santiago, se pretende tejer hipótesis que persiguen como único objetivo culpabilizar a la comunidad mapuche, a los organismos de derechos humanos y a la oposición política al gobierno nacional. Pero nada puede ocultar que a Santiago lo encontraron sin vida en un lugar en el que ya lo habían buscado otras tres veces y por donde todo el tiempo pasan los habitantes del Pu Lof en Resistencia de Cushamen. No sería la primera vez que una fuerza de seguridad, en este caso la nefasta Gendarmería de Patricia Bullrich, planta un cuerpo intentando montar un escenario para lavar sus crímenes. Y todo parece indicar que estamos ante una puesta en escena de esas características», se apuntó en el texto.
Se afirmó que «sin la movilización popular no habría aparecido» así como también se señaló como certeza «la responsabilidad del gobierno, empezando por Gendarmería y siguiendo por Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad; la ministra Bullrich y el presidente Mauricio Macri. Es decir: los que tomaron la decisión política de poner a la fuerza de seguridad al servicio de la represión de la protesta desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha; los que dieron la orden de reprimir la protesta de los hermanos mapuches, desalojar la ruta 40 e ingresar ilegalmente al pu lof y los que ejecutaron de mano propia el violento operativo que terminó con Santiago muerto».
El documento, por otro lado, remarca que se ha puesto a «los pueblos originarios» como «víctimas predilectas de una ofensiva discursiva llevada adelante a través de los medios de comunicación hegemónicos. Esos medios, cada vez más concentrados, y periodistas mercenarios serviles al gobierno, lograron operar sobre el sentido común criminalizando al pueblo mapuche y convirtiéndolos en virtuales enemigos de la sociedad argentina, merecedores de los peores castigos y de ningún derecho. Así también justifican los negociados con Estados Unidos e Israel para compra de armamentos e intromisión en el país de fuerzas extranjeras».
«Al igual que como procedían durante la dictadura, echan mano a los medios de comunicación para construir la excusa de la subversión que justifique los atropellos a los derechos humanos. Las víctimas son hoy las comunidades que reclaman por su legítimo derecho a ocupar las tierras ancestrales, en manos de terratenientes, muchos de ellos extranjeros como Luciano Benetton. Y junto con estas operaciones se revela un profundo e indignante racismo», se enfatizó en el texto que advierte sobre «la extranjerización y privatización de la tierra» que constituye «un problema de fondo que el Estado debe resolver en beneficio de los pueblos originarios».
«Como primera medida, es urgente la sanción de la ley que prorroga por cuatro años la prohibición de los desalojos de estas comunidades, la cual vence el 23 de noviembre y todavía falta la aprobación en Diputados», se recordó tras reiterar, finalmente, el reclamo de justicia y «el cese de la represión como método de dirimir conflictos».
